Uno de las principales elementos culinarios de España es el vino. No hay sitio en el que no se reconozca la calidad y la exquisitez de las célebres bodegas españolas. Mucho menos en la Unión Europea, donde la bebida procedente de las uvas se ha convertido en todo un convenio universal para acompañar a comidas y cenas de todo tipo.
No es para menos. El vino y la gastronomía están estrechamente ligados, ya que este primero ayuda a potenciar los sabores de los alimentos, a equilibrar los dulces y los salados y añade, entre otras muchas funciones, complejidad y profundidad a muchos platos.
Tal y como apunta la propia comunidad, la Unión Europea es el principal productor de vino del mundo. Entre 2016 y 2020, por ejemplo, la producción media anual de esta fue de 165 millones de hectolitros, representando en el último año (2020) registrado el 45% de la superficie vitivinícola a escala mundial, así como el 64% de la producción y el 48% del consumo total de este particular dominio.
De la misma manera, la Unión Europea apunta que el vino es el mayor sector agroalimentario en términos de exportación. Desde la creación de la Organización Común de Mercados (OCM) en 1962, el mercado vinícola se ha desarrollado considerablemente hasta ocupar la primera línea en este mismo, gracias sobre todo a la reforma adoptada en 2008 y revisada tiempo después para impulsar al propio sector. Tal y como destaca la Unión Europea, los objetivos de esta eran: aumentar la competitividad de los productores de vino europeos, mejorar la reputación de estos mismos o hacer que las normas de gestión del mercado fueran más sencillas, entre otras.
La nueva normativa propuesta por la Unión Europea para sus etiquetas
Sin embargo, la Unión Europea ha propuesto una nueva medida basada en un nuevo objetivo: acabar con las diferencias entre el vino y los productos alimenticios, ya que tanto en esta como en otras bebidas alcohólicas no era obligatorio proporcionar los ingredientes y los valores nutricionales propios de cada caso.
Hasta entonces, la norma que se encargaba de regular el etiquetado de los alimentos era el Reglamento 1169/2011, estableciendo las indicaciones que deben incorporar obligatoriamente todos los alimentos que se vendan en la Unión Europea. Entre las informaciones obligatorias destacaban: la denominación del producto, el contenido neto, la lista de ingredientes, la indicación de las sustancias alergénicas o la fecha de consumo, entre otros.
Esta normativa, aunque de aplicación general, presentaba una serie de excepciones: por ejemplo, las bebidas con más de 1,2 % de alcohol, no estaban obligadas a indicar todos estos datos.
Sin embargo, a partir de inicios de diciembre del año pasado, la Unión Europea aprobó que los vinos y vinos aromatizados indiquen la lista de ingredientes y la información institucional en sus respectivas etiquetas. Esta nueva norma se aplicarán a los productos vitivinícolas obtenidos a partir de la cosecha de 2024, así que los consumidores no advertirán los cambios hasta dentro de unos años. Lo producido con anterioridad está exento a la norma.
Pero la Unión Europea abre la posibilidad a que esta información, en lugar de ponerse de forma explícita en la etiqueta, quede accesible a través de un código QR. En este último caso tendrá como requisitos obligatorios indicar en la etiqueta las calorías contenidas por cada 100ml y la lista de alérgenos (que ya era obligatoria antes).
Algunos productores ya han comenzado a adaptarse a la norma, como es el caso de Gerard Batllevell, propietario de la bodega Joan Simó y coordinador de la Associació de Cellers de Porrera. Para ello, la entidad vitivinícola ha contratado una empresa especialista en la creación, funcionamiento y correcta dinámica de los códigos QR.
La respuesta de la OCU
Como siempre, la OCU también ha querido tomar partida en el debate sobre la nueva normativa propuesta por la Unión Europea. En concreto, la Organización de Consumidores y Usuarios se centra en este último concepto permitido por la entidad continental: los códigos QR. "El uso de estos para acceder a la información necesaria obliga a todo el mundo a disponer de un dispositivo móvil y una conexión en el punto de venta para poder acceder a la información".
De este modo, el uso de los códigos QR abre una peligrosa vía donde se perdería la transparencia que debiera ser prioridad a la hora de informar a los consumidores, tal y como expone la OCU, quien cataloga esta propuesta como una barrera física, tecnológica y económica. "Es básico que se incorporen los elementos necesarios para que los consumidores tengan toda la información".
