Internacional

Demandada una empresa por vender datos de personas que visitaban centros abortivos en EEUU

La agencia estadounidense de protección del consumidor (FTC) ha denunciado a Kochava Inc., una empresa recolectora de datos, por vender la información de geolocalización de cientos de millones de móviles

  • Clínica abortiva -

La agencia estadounidense de protección del consumidor (FTC) ha denunciado a la empresa de recolecta de datos Kochava Inc. por vender la información de geolocalización de cientos de millones de móviles que revelan, por ejemplo, las visitas de sus usuarios a clínicas abortivas.

El organismo, que presentó su demanda este lunes, apunta que esos datos, que permiten ver también las visitas a refugios de violencia doméstica o a centros de desintoxicación, exponen a sus dueños a una posible discriminación, pérdida de trabajo, estigma o incluso violencia física.La FTC subraya que a menudo la gente desconoce que sus datos de localización están siendo comprados y compartidos por Kochava y apunta que no tienen control sobre su venta o uso posterior.

La compañía tiene su sede en Idaho, en el noroeste de Estados Unidos, y compra gran cantidad de información de ubicación derivada de cientos de millones de dispositivos móviles. Después la empaqueta en fuentes de datos personalizadas que, según la agencia de protección del consumidor, pone a los usuarios en riesgo.

Mala protección de los datos

La FTC concluye que Kochava no ha protegido sus datos de forma adecuada de la exposición pública y facilita que cualquiera pueda obtener gran cantidad de información sensible y usarla sin restricciones. Su denuncia fue presentada ante el Tribunal de Idaho y evidencia la facilidad con la que es posible ver si el dueño del teléfono ha acudido a una clínica de salud reproductiva o identificar a los profesionales que trabajan en esos centros.

El posible mal uso de esos datos hace saltar las alarmas después de que el Tribunal Supremo derogara el pasado 24 de junio la protección del derecho al aborto a nivel federal, en vigor desde 1973, y permitiera en consecuencia que cada estado pueda decidir si permite o no esa práctica.

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