La misma lista que sacaba los colores a España al situarla a niveles de Botsuana en términos de corrupción, destacaba a su vez la transparencia de un país por encima de todos: Dinamarca. Según la última estadística de Transparencia Internacional, el sector público danés es percibido como el más ‘limpio’ seguido de cerca por el de Finlandia y Nueva Zelanda. Sin embargo, esa percepción de legalidad puede hacerse extensible a la sociedad en su conjunto, intolerante con el fraude. A diferencia de otras culturas, la picaresca no forma parte de la idiosincrasia escandinava, y, pese al elevado tipo impositivo, las obligaciones tributarias son poco menos que sagradas.
Al bajo nivel de corrupción en las instituciones públicas hay que sumar la elevada predisposición de la sociedad a cumplir con sus obligaciones fiscales. Ese equilibrio entre la masiva aportación del pueblo (el 85% de la población paga sus impuestos) y la comedida gestión de sus representantes es la base que permite hablar de eficiencia y sostenibilidad. Pero, ¿qué ofrece su sistema en compensación a una elevadísima tasa de impuestos? Tolerancia cero ante cualquier actitud impropia por parte de un cargo político, inversión en sus propios ciudadanos mediante una educación pública e igualitaria y un firme compromiso de sus contribuyentes en el mantenimiento de un auténtico estado del bienestar, son algunas de las claves de la ‘incorruptibilidad’ danesa.
Si uno le pregunta a cualquier danés sobre algún caso de corrupción política que recuerde, lo más seguro es que necesite tirar de memoria durante unos minutos y, probablemente, tenga que recurrir a algún episodio de hace años. Fuentes del parlamento del país escandinavo a las que ha tenido acceso Vozpópuli apenas recuerdan algún escándalo aislado durante su experiencia en el ámbito político. “Ha habido un par de alcaldes problemáticos pero el mayor fue el protagonizado por Peter Brixtofte”. El exministro y exalcalde de Farum Kommune fue condenado en 2007 a dos años de prisión por abuso de poder. Recientemente, apuntan las mismas fuentes, un medio de comunicación ha revelado que el diputado del Dansk Folkeparti, Kim Christiansen, se ha podido beneficiar de encuentros e intercambios con una agencia de relaciones públicas vinculada a la empresa estatal de transportes por los que habría obtenido entradas para conciertos. Un ‘escándalo’ del que ha dado cuenta la prensa, pero que se aleja mucho de los graves precedentes en otros países europeos.
"Es muy raro que veamos en los políticos conductas realmente inaceptables, como aceptar un soborno o intentar ocultar algo horrible"
El caso anterior, ocurrido hace más de seis años, es de los pocos que merecen mención. Niels, un joven informático danés, también coincide al recordarlo como el más llamativo. “No hay muchos ejemplos de fraude en los últimos tiempos, al menos en el sector público. Creo que el peor fue el de Peter Brixtofte, del que se habló mucho hace algunos años”, comenta. “Él fue juzgado y enviado a la cárcel, así que tengo buena idea de la Justicia en ese sentido”. Según él, la mayoría de la gente en Dinamarca no cree que la corrupción sea algo común en su país, al menos a nivel político, donde no suele ir más allá de las difamaciones y confabulaciones. Su reacción al ser preguntado por grandes tramas de estafas o fraudes de la clase política es de absoluto distanciamiento: “Estoy seguro de que nos engañan con cosas, pero siempre que sucede algo es a pequeña escala, así que confiamos en ellos de esa manera. Es muy raro que veamos en ellos conductas realmente inaceptables, como aceptar un soborno o intentar ocultar algo horrible. En nuestra mentalidad no hay lugar para crímenes de ese tipo”.
Desde el Parlamento (Folketing), donde varios partidos pueden estar representados simultáneamente y donde ninguno de ellos ha obtenido mayoría desde 1909, se procura establecer el marco legal para evitar cualquier irregularidad económica. En esta línea, aprobó una propuesta relativa a la divulgación de los datos fiscales de las empresas para garantizar una mayor transparencia y motivarlas a contribuir a la financiación del estado del bienestar. El mensaje que intenta transmitir el Gobierno es claro: no va a aceptar delitos de cuello blanco, apoyará a todos los daneses que pagan sus impuestos, e insistirá en la política contra los paraísos fiscales.
La recaudación fiscal en Dinamarca supera la media europea
La moral tributaria es entendida como parte de la relación ciudadano-Estado, en la que -como en cualquier estado del bienestar que funcione como tal- el contribuyente paga, consciente de que es así como se mantiene el sistema, y en este caso, lo hace con la certeza de que el grueso de su dinero no se destinará a gastos superfluos o al lucro personal de sus administradores, sino a financiar los servicios de todos. En este sentido, la mayoría de los daneses consideran parte de su obligación contribuir económicamente. “Tenemos un profundo sentido de la responsabilidad de ser parte de nuestro propio país”. Según este joven nórdico, incluso los partidos conservadores y de derechas apuestan por un potente sector público comparado con otros países.
El 85% de la población total cumple con sus obligaciones fiscales, siendo el tipo impositivo medio el 38% y el 55,4% el marginal
Los datos del Ministerio de Hacienda danés no vienen sino a confirmar esta tesis: 4,7 millones de personas cumplen con sus obligaciones tributarias, lo que representa alrededor del 85% de una población total de 5,5 millones. De ese total, 0,8 millones son niños y jóvenes en edad escolar o personas casadas sin rentas imponibles y no forman par de la población activa. Todo, en un país en el que el tipo impositivo marginal para las personas físicas se sitúa en el 55,4% (España es ya del 52%), siendo la media de lo que paga un ciudadano normal el 38% de sus ingresos. Sin embargo, los elevados salarios permiten perfectamente asumir estas tasas y además convivir con precios muy altos. Así, la recaudación supuso un 56% del PIB en 2011, un porcentaje bastante superior al registrado en España (31,9%) y mayor al de la media en la Unión Europea (del 38,9%). La actividad económica sumergida, aunque no es escandalosa, existe e impide elevar esta cifra, por lo que el Estado ha fortalecido sus mecanismos reguladores.
La escasa protección laboral contrasta con la baja tasa de paro
El modelo danés supedita parte de su éxito a una reducida tasa de desempleo. Aunque el país nórdico también ha sufrido el impacto de la crisis, su tasa de paro es una de las más bajas de Europa y se sitúa en el 7,8% según fuentes del Ministerio de Trabajo danés consultadas por Vozpopuli. Es precisamente en el ámbito del empleo donde el Estado no ampara al ciudadano en la medida en que lo hacen otros países. En Dinamarca el despido es prácticamente gratis (las indemnizaciones por despido improcedente oscilan desde los tres meses de sueldo para trabajadores con menos de 10 años en la empresa, hasta un máximo de seis meses para empleados con más de 15 años de antigüedad); los trabajadores no tienen derecho a huelga; y para poder cobrar prestación por desempleo es necesario contratar una A-Kasse (una especie de seguro privado) por el que se paga mensualmente y garantiza la prestación en caso de necesitarla. Por contra, la mayoría de las empresas ofrecen convenios colectivos que mejoran los mínimos de la Ley; los sindicatos poseen el poder suficiente como para interceder entre empresa y trabajador; y los empleados disfrutan de una flexibilidad laboral desconocida en países como España, la cual permite verdaderamente conciliar vida personal y laboral.
Pero si en algo invierte el Estado por encima de todo es en la educación y la formación de sus ciudadanos. La escuela pública es el pilar fundamental sobre el que construye una sociedad que garantice igualdad de oportunidades para todos sus miembros y futuros profesionales cualificados. La enseñanza obligatoria, secundaria y superior (Universidad, másters...) es gratuita y, en el caso de las titulaciones universitarias, el sistema concede un apoyo económico a los estudiantes de cerca de 5.500 coronas danesas (735 euros) al mes para cubrir los gastos más básicos como estudiante y favorecer su emancipación.
