El Gobierno de Cuba ha aprobado este martes una batería de normativas que "tipifican los delitos en Internet" y contemplan como contrario a la ley "la difamación de mensajes contra el Estado" y la "incitación a movilizaciones", lo que ya ha suscitado dudas entre representantes de la oposición.
"Por primera vez, el país contará con una norma jurídica donde se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico", ha dicho el director de ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones, Pablo Domínguez Vázquez, según recoge la prensa oficial.
Domínguez ha explicado bajo la medida "serán tipificados hechos que hasta el momento no tenían un respaldo legal, como los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión" como "la divulgación de noticias falsas, los mensajes ofensivos o la difamación con impacto en el prestigio del país".
En este sentido, se entiende como delitos "la difusión a través de Internet de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado", "inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público" o "difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas".
Por su parte, la ministra de Comunicaciones Mayra Arevich ha explicado en su cuenta de Twitter que estas leyes prevén "la respuesta a incidentes de ciberseguridad" y "forman parte de la creación de valores de conducta cívica adecuada, de respeto, disciplina y contribución al bienestar del ciudadano". Asimismo, se ha referido que ratifican "la disposición del Gobierno cubano de llevar Internet a cada rincón del país".
El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha justificado que el Gobierno de la isla tiene "derecho a ejercer soberanía nacional sobre el ciberespacio con el propósito de salvaguardar la paz y el bienestar ciudadano".
"Los cubanos tienen derecho, al igual que los ciudadanos de la UE y demás países a recibir y comunicar información veraz y a enfrentar la utilización ilegal y subversiva de las tecnologías de la información", ha agregado a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter.
Preocupación opositora
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), crítico con el Gobierno de la isla, cree que se trata de una regulación "para reprimir la libertad de expresión". El director de estrategia de la organización, Yaxys Cires, cree que "ahora el Estado no solo contará con el Código Penal y el Decreto Ley 370, sino que también dispondrá de otra normativa específica, por ejemplo, para legalizar los apagones de Internet y de telefonía".
Cires ha recordado los 'apagones' ocurridos el 11 y el 12 de julio, en plena ola de protestas, y ha lamentado que se quiera imponer "otra vuelta de tuerca de la represión". "Cualquier ciudadano que exprese libremente su opinión con respecto a la situación que se está viviendo en Cuba o cualquier crítica al gobierno, podría incurrir en una violación", ha advertido en un comunicado.
El director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, también ha reaccionado en su cuenta de Twitter a las normativas y ha coincidido en denunciar que el Gobierno de Cuba "restringe aún más Internet".
En julio, ciudadanos cubanos salieron a las calles para expresar su descontento por la carestía de productos básicos, como alimentos y medicinas, y miembros de la comunidad internacional y ONG, entre otros, denunciaron una dura represión contra los manifestantes y cortes de Internet en la isla.
