Representantes de Google, Facebook y Twitter, las principales empresas de tecnología del mundo, tendrán que testificar ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado de Brasil por no haber eliminado ni bloqueado contenidos difundidos por el presidente, Jair Bolsonaro, sobre el coronavirus.
La comisión ha aprobado este miércoles citar a declarar a representantes de estas compañías con el objetivo de establecer los motivos de que permitieran la divulgación de contenido "contrario a las investigaciones y pruebas científicas" y a las medidas sanitarias establecidas, según informaciones del portal de noticias G1.
En un directo a través de su cuenta de Facebook, Bolsonaro ha afirmado recientemente que la infección del coronavirus puede ser "más eficaz" que la propia vacunación. Ahora, el vicepresidente de la comisión, Randolfe Rodrigues, ha matizado que los mensajes del expresidente estadounidense Donald Trump "fueron prohibidos por mucho menos".
Hasta ahora, Brasil ha registrado más de 18 millones de infectados y más de 502.000 muertos a causa del coronavirus. "El presidente tiene derecho a decir las tonterías que quiera, simplemente no tiene derecho a difundir cada vez más noticias sin el respaldo de la ciencia y que lleven a un aumento de las cifras", ha aseverado Randolfe.
Irregularidades en la compra de la vacuna india
Este mismo miércoles, varios miembros de la comisión han dicho haber recibido información de que el presidente fue alertado personalmente de presuntas irregularidades en la compra de la vacuna india Covaxin.
Según el informe que llegó a la CPI, la voz de alarma la habría dado el diputado Luis Claudio Miranda, hermano del titular del Departamento de Logística Sanitaria del Ministerio de Salud, Luis Ricardo Miranda.
Así, habría denunciado presiones para favorecer a Need Medicines, intermediario de la compra de la vacuna Covaxin. Ricardo había testificado ante el Ministerio Público Federal sobre el interés atípico del Ministerio de Sanidad en negociar la importación de la vacuna a través de Necessidade, representante en Brasil de la empresa india Barath Biontech, desarrolladora de la vacuna.
La Fiscalía, por su parte, ha hablado de "imprudencia ante el riesgo asumido por el Ministerio de Sanidad" en la compra de la vacuna india Covaxin y ha propuesto la apertura de una investigación sobre el contrato del Gobierno con Necessidade.
