Casi tres millones de irlandeses están llamados mañana a las urnas para decidir en referéndum sobre la eliminación del Senado, una medida, según el Gobierno, encaminada a ahorrar hasta 20 millones de euros anuales y modernizar la política nacional. Los centros electorales abrirán sus puertas a las 06.00 GMT y cerrarán a las 21.00 GMT, mientras el recuento de los sufragios comenzará el sábado y se espera que el anuncio del resultado final se produzca a primera hora de la tarde.
Según las últimas encuestas, la propuesta del Gobierno de coalición entre conservadores y laboristas para abolir el Seanad Éireann (Senado de Irlanda en lengua gaélica) cuenta con algo más de un 60% de apoyo, lo que anticiparía una cómoda victoria del "sí".
No obstante, el director de la campaña para la consulta y ministro de Trabajo, Empresa e Innovación, el democristiano Richard Bruton, hizo hoy un último llamamiento al electorado para que acuda a las urnas y contribuya a "cambiar profundamente nuestro sistema político".
A pesar de que el "sí" parte con ventaja, la experiencia en Irlanda en anteriores consultas populares demuestra que la baja participación suele beneficiar a las posiciones minoritarias, motivo por el que el Gobierno se ha empleado a fondo durante esta campaña. La derrota dejaría muy tocado a un Ejecutivo que en los últimos años se ha visto obligado a aplicar duros ajustes para cumplir con las condiciones del rescate solicitado en 2010 a la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 85.000 millones de euros.
En este contexto de austeridad, el argumento estrella del Gobierno durante la campaña para la eliminación del Senado, compuesto por 60 miembros, ha sido la cuestión del ahorro, acompañado por un trabajo de desprestigio hacia un foro calificado de "irrelevante", "anticuado" o "elitista".
"He notado que la gente está de acuerdo en que no debemos gastar 20 millones de euros anuales en una cámara del Parlamento (Oireachtas) que no necesitamos", ceclaró Bruton, quien insistió en que este cambio igualará a Irlanda con "otros países pequeños y progresistas" que tampoco tienen Senado.
En el bando contrario, sólo el Fianna Fail, el partido que más veces ha gobernado Irlanda y ahora en la oposición como tercera fuerza política, se opone a la eliminación del Senado, pues prefiere mantenerlo para someterlo a una profunda reforma. Sin demasiado éxito, esta formación también ha cuestionado el ahorro que supondría su abolición, al tiempo de que ha advertido de que la ausencia de senadores "cimentaría el control absoluto" de cualquier Ejecutivo sobre la vida política irlandesa.
Aunque la Comisión del Oireachtas ha reconocido que es imposible determinar la cantidad exacta que se ahorraría el Estado, este argumento, según las encuestas, es el que más ha calado entre el electorado. En caso de victoria del "sí", la supresión del Seanad iría acompañada de la eliminación de ocho de los 166 escaños de la Cámara Baja (Dáil), cuya nueva composición entraría en vigor después de las próximas elecciones generales, previstas para 2016.
Establecido en 1937 en su actual forma, el Seanad tiene poderes para efectuar recomendaciones sobre un proyecto de ley y, aunque no puede bloquearlo, puede retrasar el proceso durante un periodo de hasta tres meses.
El Gobierno sostiene que los mecanismos de "control y equilibrio" del Senado sirven para muy poco y promete reforzar la vigilancia sobre el Ejecutivo a través de los comités multipartitos del Dáil, cuyo número está previsto que se amplíe de doce a catorce.
Además de esta cuestión, el electorado también podrá pronunciarse en la consulta de mañana sobre el establecimiento de un nuevo Tribunal de Apelación.
En la actualidad, el sistema judicial irlandés lo componen el Tribunal de Distrito, el Tribunal de Circuito, el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo. También existe un Tribunal de Apelación Penal para recursos de procesos penales tramitados en el Tribunal Superior, en el Tribunal de Circuito y en el Tribunal Especial Penal.
No obstante, la mayoría de las apelaciones acaban en el Supremo, cuya capacidad se ha quedado pequeña para hacer frente al volumen de recursos actuales.
Así, el Gobierno ha pedido el "sí" al electorado para crear un Tribunal de Apelación que tramitaría la mayoría de los recursos que ahora acaban en el Supremo y descongestione la labor de la máxima instancia judicial irlandesa, que se ocuparía de recursos de apelación en casos muy especiales.
