Con ya 16 años de proceso, la segunda instancia de la Justicia argentina ha presentado este miércoles su fallo relativo a la causa contra la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual líder política de la oposición al Gobierno de Javier Milei, por administración fraudulenta. Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal han expuesto una resolución que, como se descontaba por parte de diferentes fuentes jurídicas en el país consultadas por este medio, no agrava la condena de primera instancia pero tampoco la alivia. Supone fundamentalmente una ratificación de la pena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos contra la actual líder del peronismo como titular del Partido Justicialista.
Los jueces de casación Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña han expuesto en la porteña Comodoro Py un resumen de la parte resolutoria de la sentencia, cuya complejidad alcanzará los 1.500 folios de extensión. El fallo implica una convalidación de la condena en primera instancia por parte del Tribunal Oral Federal 2, que en diciembre de 2022 ya condenó a la expresidenta y entonces vicepresidenta en ejercicio así como al que fuera su secretario de Obras Públicas José López por el delito de administración fraudulenta en torno a adjudicaciones que recibió la empresa de Lázaro Báez.
Este último era un amigo de la familia Kirchner y un hombre sin mayor experiencia previa en la construcción al momento de constituir Austral Construcciones días antes de que el propio Néstor Kirchner asumiera la presidencia de Argentina en 2003, según incidió la acusación. A tráves de Austral, Báez acabó siendo el adjudicatario del 79% de las obras con financiación estatal en la provincia de Santa Cruz, desde la que saltaron a la política los Kirchner, mientras estos presidieron el país, hasta 2015.
El empresario y presunto testaferro de CFK se habría visto beneficiado con sobreprecios, anticipos y obras que en su mayoría no se terminaron. "Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el Estado nacional", según los fiscales, que llegaron a cifrar el perjuicio para las arcas públicas en más de 1.000 millones de dólares. De acuerdo a la acusación, las irregularidades, por las que se sucedieron diferentes denuncias, se multiplicaron en 2007 y 2011, años coincidentes con elecciones nacionales, ya que se buscaba recaudar fondos para las campañas.
A la luz de las evidencias, el Tribunal Oral Federal razonó como "innegable" que la expresidenta no atendió las "múltiples" alertas de corrupción en torno a las licitaciones fraudulentas ya que "no tomó ni una sola medida en dirección a dilucidar aquello que denunciaba con tanta insistencia" y, por tanto, "no podía no saber" que los funcionarios que manejaban las adjudicaciones incumplían leyes y reglamentos oficiales para favorecer a Báez
A la luz de las evidencias, el Tribunal Oral Federal razonó por lo pronto como "innegable" que la expresidenta no atendió las "múltiples" alertas de corrupción en torno a las licitaciones fraudulentas ya que "no tomó ni una sola medida en dirección a dilucidar aquello que se denunciaba con tanta insistencia" y, por tanto, "no podía no saber" que los funcionarios que manejaban las adjudicaciones incumplían leyes y reglamentos oficiales para favorecer a Báez. En la misma línea situaron el decreto de la propia CFK que otorgó en 2011 un cargo en la Dirección Nacional de Vialidad al ingeniero Carlos Joaquín Alonso, para ese entonces ya hombre fuerte del grupo Austral de Báez.
"Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la exPresidenta”, como Los Sauces u Hotesur, a las que las de Báez pagaban con el alquiler de sus hoteles y propiedades, señalaron los jueces de primera instancia en una sentencia ahora ratificada. Para los dos tribunales, ha quedado acreditado el interés personal de Cristina Fernández en la trama por su participación en "múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas".
CFK, a expensas de la nueva Corte...y de una negociación política
Ante las acusaciones, CFK ha respondido poniendo en cuestión las irregularidades y alegando que, en última instancia, las adjudicaciones se licitaron en el área de Vialidad y la secretaría de Obras Públicas, sin que existan pruebas de su participación directa en el otorgamiento de las obras; en suma, ha esgrimido la existencia de 'lawfare'. Por su parte, la Fiscalía ha reclamado una pena mayor, de doce años de cárcel por lo que considera que ha sido realmente una "asociación ilícita".
Desde el entorno de la expresidenta argentina se ha anticipado que apelarán el nuevo fallo ante la Corte Suprema, la última instancia judicial en el país, lo que frenará la aplicación de la pena durante al menos unos dos años. Por tener más de 70 años, Cristina podría eventualmente solicitar que la prisión sea domiciliaria.
Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones. Bueno, en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e…
— Javier Milei (@JMilei) November 13, 2024
Más incierta es la situación relativa a su eventual inhabilitación a las puertas de las elecciones legislativas de 2025. En estos momentos se tramita en el Congreso un proyecto de Ley que podría impedir la presentación de candidaturas electorales a personas con condena por delitos vinculados a corrupción; si prospera la citada ley de ficha limpia que impulsa el Gobierno, el fallo de este miércoles podría ser suficiente para que la líder del PJ no pueda volver a presentarse a unas elecciones. No obstante, diferentes fuentes políticas coinciden en alertar de las "demoras" que está experimentando el tratamiento de dicha Ley entre suspicacias sobre cálculos electoralistas. Por lo pronto, el propio presidente, Javier Milei, se ha manifestado en X con un "fin", en alusión a la expresidenta, para luego afirmar que "hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción".
En cualquier caso, la situación de CFK se verá irremediablemente mediada, a efectos penales, por la nueva composición del Tribunal de la Corte Suprema, en el que dos de los cinco puestos quedarán vacantes a finales de año. El Gobierno de La Libertad Avanza lleva tiempo en conversaciones con distintas fuerzas políticas, entre ellas la de la misma Cristina, de cara a la designación de sus dos candidatos. Uno de ellos, el juez Ariel Lijo, ha suscitado posiciones encontradas tanto dentro como fuera del oficialismo y la propia Judicatura entre acusaciones de encubrimientos y mala praxis judicial.
