La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado este martes que Hungría viola la normativa comunitaria en materia de acogida de migrantes por sancionar penalmente a organizaciones que asisten a demandantes de asilo en la tramitación de sus solicitudes de protección internacional cuando llegan a territorio húngaro.
En su sentencia, el Tribunal con sede en Luxemburgo advierte de que la tipificación penal de esta actividad menoscaba el ejercicio de los derechos garantizados por la UE en materia de asistencia a los solicitantes de protección internacional.
La Justicia europea decide así sobre una denuncia de la Comisión Europea por una controvertida ley promovida en 2018 por el Gobierno de Viktor Orban que aumentaba los supuestos por los que se podía declarar inadmisible una solicitud de asilo y, además, tipificaba como delito la asistencia de organizaciones a estos migrantes e imponía restricciones a la libertad de circulación.
En concreto, el Tribunal ve contrario al Derecho europeo que la nueva ley húngara permita denegar una petición de asilo porque el solicitante llegara a su territorio desde un país en el que no estuviera expuesto a persecución ni a riesgo de daños graves, dado que esta opción no figura en ninguna de las situaciones de inadmisibilidad que sí prevé la directiva comunitaria.
La sentencia explica, además, que al sancionar a quien asiste al migrante en determinados supuestos se priva al solicitante en una fase muy previa del proceso de la asistencia que le permitiría impugnar más tarde la regularidad de la normativa nacional.
Críticas desde el Gobierno de Hungría
Mientras, la ministra de Justicia de Hungría, Judit Varga, ha criticado el fallo, argumentando que el TUE ha expresado que el país "debe prácticamente apoyar la trata de personas". "¿Se castigará a los Estados miembro simplemente por proteger al continente de migración masiva?", se ha cuestionado a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha asegurado que, "de todos modos", Budapest seguirá "defendiendo a Europa".
Por su parte, el director de Amnistía Internacional (AI) en Hungría, David Vig, ha señalado que el fallo manda un "mensaje inequívoco" sobre que la campaña de "intimidación" del Gobierno húngaro, centrada en aquellos que defienden los derechos de los refugiados y los solicitantes de asilo, "no puede y no será tolerada".
"Es hora de que el Gobierno de Hungría implante la decisión y retire inmediatamente esta vergonzante legislación", ha agregado en un comunicado, en el que ha urgido a las autoridades húngaras a garantizar un contexto en el que las ONG y los activistas "puedan llevar a cabo su trabajo esencial sin ser intimidados".
