El Gobierno del Reino Unido ha anunciado este martes que tramitará "en las próximas semanas" un proyecto de ley que le permitirá anular aspectos del Protocolo para Irlanda del Norte acordado como parte del Brexit, pero al mismo tiempo seguirá negociando para reformarlo con la Unión Europea (UE). La ministra de Exteriores y negociadora jefa británica, Liz Truss, hizo el anuncio en la Cámara de los Comunes (baja), donde mantuvo que la aplicación actual del protocolo pone "bajo presión" el acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998, que acabó con décadas de conflicto armado en el Úlster.
Truss invitó al vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, a reunirse "cuanto antes" con ella para consensuar los cambios necesarios al texto aprobado en 2020.
El protocolo para Irlanda del Norte establece controles sobre las mercancías que entran a Irlanda del Norte procedentes de Gran Bretaña, a fin de evitar erigir una frontera terrestre con la vecina República de Irlanda, que pertenece al mercado único europeo.
Sin embargo, su aplicación, que ni siquiera se ha completado, ha causado problemas prácticos sobre el terreno y es rechazada por el Partido Democrático Unionista (DUP), segunda fuerza política norirlandesa, lo que impide la formación de un Gobierno autonómico de poder compartido.
Restablecer el equilibrio
Truss ha argumentado que esta parálisis de las instituciones en la provincia británica socava el acuerdo de paz, por lo que el Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson, debe tomar medidas "para restablecer el equilibrio".
Aseguró que el Reino Unido ha propuesto a la UE una solución "completa y razonable" que reduciría los controles entre Irlanda del Norte y el resto del país, pero, según ella, Šefčovič no puede aceptarla porque ello requeriría renegociar el protocolo, algo para lo que "no tiene mandato".
Londres propone que los bienes procedentes de Gran Bretaña destinados solo para consumo en Irlanda del Norte estén exentos de los controles de aduanas que se aplican a los que pasan a Irlanda (y, por tanto, entran en el mercado único europeo).
Según el Gobierno británico, este llamado "corredor verde" estaría respaldado por un sistema informático con datos de movimiento de productos a tiempo real, si bien hasta ahora las autoridades europeas han considerado que el acceso ofrecido es insuficiente.
Si la UE se niega a buscar una fórmula para encajar sus demandas, el Gobierno británico dice que actuaría por su cuenta al amparo de la nueva legislación, que de todos modos tardaría meses en ser aprobada por el Parlamento.
