La firma legal Lupicinio International Law Firm, el despacho elegido por Nicolás Maduro con el objetivo de solicitar asesoramiento ante posibles sanciones y embargos, ha anunciado su acuerdo marco con la Procuraduría General de Venezuela (equivalente a la Abogacía General del Estado en España). El bufete español ha explicado que el contrato “está previsto para dar servicio exclusivamente en sanciones internacionales al Estado venezolano hasta el final de 2019”.
Además, han añadido que la defensa no está dirigida a un “blindaje de bienes” sino “a la representación y a la defensa de los intereses de las instituciones del Estado” a la cual tienen derecho bajo todas las legislaciones aplicables frente a la normativa sancionadora vigente en cualquier momento.
El acuerdo aún no ha entrado en vigor
Tal y como matiza Lupicinio International Law Firm, el acuerdo todavía no ha entrado en vigor, por lo que se desconoce el listado de asuntos que llevará a cabo.
Asimismo, han explicado que en caso de que haya un encargo específico, el Comité de Conflicto de Intereses y Ético de la firma “tendrá que decidir si acepta la gestión en cuestión y deberá asegurarse de que no haya conflicto”.
Lupicinio International Law Firm se fundó en 1980 y tiene una larga experiencia en este tipo de trabajos. Sus equipos de abogados han ganado causas en el Tribunal de Luxemburgo, defendiendo los intereses de empresas e instituciones ubicadas en países que han sido objeto de sanción por parte de la comunidad internacional.
