El pleno del Parlamento Europeo (PE) ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que tome las medidas necesarias para poner freno al "intolerable número de desahucios" que se producen en España, al tiempo que ha pedido a la Comisión Europea que vigile que los Estados miembros aplican la nueva normativa europea sobre préstamos hipotecarios, para evitar abusos del sector bancario. Además, el PE insta a las entidades financieras de la Unión Europea (UE) a abstenerse de recurrir al desahucio de las familias que viven en su única residencia, y que en su lugar se comprometan a reestructurar la deuda.
La Eurocámara ha tomado esta posición en una resolución (aprobada por 383 votos a favor, 266 en contra y 10 abstenciones) que fue redactada a raíz de varias quejas de ciudadanos europeos, en su mayoría españoles, sobre las leyes hipotecarias en la UE y los instrumentos financieros de riesgo, como las preferentes.
En el texto, los eurodiputados apuntan que el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de deudas hipotecarias ha sido "mayoritariamente ignorado" por los bancos, por lo que ha tenido un efecto "limitado" a la hora de frenar el número de desahucios o favorecer alternativas como la dación en pago. Según los datos que recoge la resolución, en España se han producido unos 400.000 desahucios entre el inicio de la crisis en 2008 y el primer trimestre de este año.
En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas emitió recientemente un dictamen contra España en el que se condena por primera vez a un Estado por violar el derecho a la vivienda. La ONU ya había apremiado a España a que modificara la legislación de ejecución hipotecaria.
Otra de las cuestiones sobre las que alerta la Eurocámara es el número de víctimas de fraude financiero en España, en referencia a la venta que juzga "desleal" de productos financieros de riesgo a 700.000 españoles, a los que sus entidades no informaron adecuadamente de los peligros de la operación. En este sentido, los eurodiputados piden a la Comisión Europea que supervise la correcta aplicación en España de la normativa comunitaria en materia de instrumentos financieros, y que compruebe las denuncias recibidas y evalúe los resultados del sistema de arbitraje. También confía en el Ejecutivo comunitario para presentar propuestas legislativas para regular las insolvencias de las familias.
