Los ciudadanos de Nueva Zelanda que tengan fusiles de asalto y armas semiautomáticas de estilo militar tendrán hasta el mes de septiembre para entregarlas a la Policía y, en caso de que no lo hagan, afrontarán penas de hasta cinco años de cárcel, de acuerdo con la nueva legislación impulsada por el Gobierno neozelandés tras el atentado que acabó con la vida de 50 personas en dos mezquitas de Christchurch el 15 de marzo, según informa el diario 'New Zealand Herald'.
La Ley de Enmienda de Armamento ya ha sido remitida por el Gobierno al Parlamento, que tendrá este martes su primera lectura, según han anunciado el ministro de Policía, Stuart Nash, y el primer ministro interino, Winston Peters.
La previsión es que la nueva norma entre en vigor el 12 de abril tras ser tramitada por una comisión parlamentaria y que cuente con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos. La nueva ley ilegalizará la posesión de las llamadas armas automáticas de estilo militar (MSSA, por sus siglas en inglés), aunque habrá exenciones para las armas que suelen utilizar los agricultores para control de plagas y para cazadores.
Las exenciones se aplicarán a armas semiautomáticas del calibre 22, con cargadores de no más de diez balas y a escopetas con cargadores que no tengan más de cinco balas. El ministro de la Policía ha advertido que todas las personas y colectivos están obligados a entregar las armas prohibidas por la nueva legislación. "Mi consejo a las bandas es: Entreguen sus armas", ha subrayado.
Hasta 10 años de prisión
La nueva norma contempla penas de hasta 10 años de prisión para los que se resistan al arresto teniendo armas prohibidas y hasta siete años para las personas que las lleven en lugares públicos o las muestren a otras personas y a aquellos que las porten con intenciones delictivas. También serán sancionados con cinco años de cárcel quienes importen, suministren o vendan estas armas prohibidas o quienes faciliten la conversión de armas en armas semiautomáticas de estilo militar.
Unas 200 armas de fuego han sido entregadas a la Policía hasta la fecha, de acuerdo con la nueva legislación, que todavía tiene que completar su tramitación parlamentaria para su entrada en vigor en el próximo mes de abril.
