La policía del estado alemán de Sajonia (este) incautó armas en las viviendas de varios negacionistas de la pandemia que presuntamente planeaban un ataque contra el primer ministro del "Land", Michael Kretschmer.
"Hemos encontrado objetos, ballestas, partes de armas, armas," declaró el portavoz de la Oficina Regional de Investigaciones Criminales, Tom Bernhardt, en un vídeo difundido en redes sociales, aunque precisó que todavía deben investigar si dichas armas funcionan.
La Fiscalía de Dresde investiga a seis personas, cinco hombres de entre 32 y 64 años y una mujer de 34 años, por haber planificado presuntamente "un grave acto violento que pretende subvertir el orden estatal," según anunció este miércoles la policía en un comunicado conjunto.
Los seis sospechosos, según la misma fuente, son integrantes de un grupo de Telegram cuyos miembros "están unidos por el rechazo a las vacunas, al Estado y a las medidas anti-covid actuales".
Dispuestos a "sacrificarse" por sus objetivos
Los seis "expresaron en el chat grupal y en encuentros no virtuales planes para asesinar al primer ministro sajón y a otros representantes del Gobierno sajón," agrega el comunicado.
En la operación, en el curso de la cual fueron registradas cinco viviendas en Dresde y una en la localidad de Heidenau, participaron miembros de la unidad especial de la policía sajona.
Los presuntos planes del grupo fueron revelados el pasado 8 de diciembre por un reportaje investigativo de la cadena pública ZDF, que tuvo acceso a los mensajes de voz en los que los sospechosos aseguraban poseer armas de fuego y estar dispuestos a "sacrificarse" para lograr sus objetivos.
Los responsables de seguridad e interior del Gobierno federal y de los "Länder" debaten en los últimos días medidas para poner freno a la radicalización de los grupos negacionistas en Telegram.
La ministra de Interior, Nancy Faeser, declaró su intención de endurecer una nueva ley contra los mensajes de odio en redes sociales para incluir en ella también a las apps de mensajería como Telegram, que se verían obligadas a denunciar a las autoridades contenidos potencialmente delictivos.
