El Gobierno portugués aprobó el jueves un corte del 10% de las pensiones de los funcionarios que reciben más de 600 euros al mes y una reducción de hasta un 60% del sueldo de los trabajadores públicos que se consideren "excedentarios".
El Ejecutivo, tras reunirse en consejo de ministros, avanzó como estaba previsto un recorte de las prestaciones con el que pretende disminuir el déficit del sistema de pensiones de los funcionarios lusos en 1.100 millones de euros, equivalente a una rebaja de cerca del 25%.
Además, contestó el fallo del Tribunal Constitucional que tumbaba la ley que facilitaba la salida de funcionarios -decisión conocida a finales de agosto- con un nuevo decreto cuyo objetivo vuelve a ser bajar el coste que supone para las arcas del Estado el mantenimiento de los cerca de 600.000 funcionarios que tiene el país.
Frente a la intención inicial del Gobierno luso de aprobar una ley que preveía despedir -con indemnización- a los funcionarios considerados "excedentarios" si durante un año no lograban encontrar otro puesto dentro de la Administración o incluirlos en una lista de espera pero sin recibir remuneración, la disposición aprobada este jueves no incluye ninguna fecha tope.
Sin embargo, el recorte del salario a estos trabajadores públicos incluidos en este programa de "recolocación" es ahora superior, a un 40% durante el primer año y de un 60% a partir de entonces, aunque los afectados podrán complementar su sueldo con otro trabajo en el sector privado. Estos cortes garantizarán en cualquier caso que los afectados -medios lusos especulan con que la cifra se situará entre 15.000 y 25.000 empleados públicos- reciben una cantidad superior al salario mínimo nacional, establecido en Portugal en 485 euros.
Tras conocer el contenido de la nueva ley aprobada por el Ejecutivo conservador luso, el principal sindicato de funcionarios del país censuró al Gobierno por no respetar el fallo del Constitucional y anunció que impugnarán estos recortes. Este Tribunal consideró inconstitucional la ley originalmente presentada por el Gobierno debido a que violaba "la garantía de seguridad en el empleo" y el "principio de proporcionalidad", según explicó hace dos semanas su presidente, Joaquim Sousa Ribeiro.
Reformar el sistema de pensiones y aligerar la plantilla de trabajadores públicos -que representan cerca de un 13 % de la población activa lusa- forman parte de las medidas ideadas por el Ejecutivo para reducir los costes estatales y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Portugal afronta esta reforma a instancias de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismos que le concedieron el rescate financiero en mayo de 2011 a cambio de un severo programa de ajustes aplicado prácticamente a rajatabla por los conservadores portugueses.
El secretario de Estado de Administración Pública, Hélder Rosalino, justificó la necesidad de acometer estos cambios estructurales y recordó que, en el caso de las pensiones, el objetivo es que el sistema público sea cada vez más parecido al del sector privado. Rosalino recordó, asimismo, que el decreto aprobado por el Gobierno puede sufrir variaciones antes de que sea votado en el Parlamento y aseguró que se mantendrán reuniones con los sindicatos para negociar los detalles de esta reforma. "Sabemos que este asunto generará debate, pero éste es un problema serio para la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, no podemos ignorarlo y nuestra obligación es presentar soluciones", insistió.
