El mandatario tunecino, Kais Said, ha consumado este martes el golpe a una de las pocas democracias del Norte de África con la disolución del Parlamento, que ya llevaba ocho meses suspendido, según informa la agencia EFE. El presidente del país ha tomado este camino después de que la Cámara aprobase por unanimidad un proyecto de ley para anular todos los decretos presidenciales del Estado de excepción.
La medida fue anunciada en el consejo de seguridad nacional "para preservar el Estado y sus instituciones" después de que la Asamblea desafiase al presidente con una sesión de voto a distancia, en la que participaron 116 de los 217 diputados, y que la ministra de Justicia, Leïla Jaffel, calificó de "conspiración" contra la seguridad del Estado, por lo que ordenó la apertura de una investigación contra los implicados.
Entre los decretos adoptados se encuentra el cese del primer ministro, Hichem Mechichi, y el nombramiento de su sucesora, Nedjla Bouden; la suspensión de la casi totalidad de la constitución de 2014 y la disolución del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) y su sustitución por un órgano "temporal".
El sindicato mayoritario apoya a Said
"Quienes traten de atentar contra el Estado o llevar a cabo combates internos deberán enfrentarse a las instituciones y poderes que les desviarán de sus objetivos", señaló este sábado el dirigente tras conocerse la iniciativa del Parlamento, que prevé una segunda sesión este 2 de abril para examinar la situación política, económica y social.
En un comunicado conjunto publicado este sábado, un total de 27 diputados de diferentes grupos parlamentarios instaron a los miembros del hemiciclo a asumir sus responsabilidades y favorecer un diálogo nacional entre los diferentes actores nacionales que permita conducir al país a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.
El pasado 25 de julio el dignatario decretó el Estado de excepción y se hizo con plenos poderes con el fin de "recuperar la paz social". Una decisión que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.
Según la hoja de ruta anunciada por Said a finales de año, el país deberá celebrar el próximo 25 de julio un referéndum constitucional --el primero de la historia del país- y legislativas anticipadas el 17 de diciembre.
