Será el final de una batalla que se ha extendido desde el inicio de la anterior legislatura y que ha enfrentado al director general de Telemadrid, José Pablo López, y al Gobierno autonómico. Y será una guerra que ganará el ejecutivo regional.
La Asamblea regional tramitará en las próximas semanas una reforma de la ley de la radio-televisión pública (ley 8/2015) que culminará con el cese de la cúpula de este medio de comunicación y la elección de un administrador único provisional, a propuesta del gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Estos trámites pondrán fin a una relación entre las partes que ha estado marcada por la desconfianza. Tanto es así que la comunicación entre Ciudad de la Imagen y Sol –y viceversa- se ha producido durante muchos meses exclusivamente a través de cartas y de filtraciones a la prensa, lo que ha dificultado la gestión de aspectos tan importantes como el presupuesto anual de la cadena, expresan fuentes de la televisión.
Todo comenzó, de hecho, antes de que Díaz Ayuso fuera nombrada presidenta de la Comunidad. Fue, en concreto, en la última etapa de Cristina Cifuentes en su puesto cuando desde el Partido Popular comenzaron a criticar a este medio de comunicación por el trato injusto que –consideraban- había dispensado a la presidenta una vez se publicó el escándalo de su máster.
A Telemadrid se apodó entonces como ‘la sextilla’ entre algunos diputados autonómicos y círculos del PP. Uno de los nombres más beligerantes, en este sentido, fue Miguel Ángel Rodríguez, quien posteriormente fue nombrado asesor de Díaz Ayuso y quien ha criticado en reiteradas ocasiones a Telemadrid.
Acusación de déficit en Telemadrid
Hace un año, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, envió una misiva al entonces presidente del Consejo de Telemadrid, Alfonso Morales –hoy en RTVE-, en el que le instaba a aclarar los motivos del déficit de 4,59 millones de euros que había registrado en sus cuentas.
La maniobra fue interpretada como un intento de ‘ahogar’ a José Pablo López, que, por ley, sólo puede ser cesado en caso de incurrir en una desviación presupuestaria (artículo 23). La sangre no llegó al río, entre otras cosas, porque esas pérdidas resultaban de aplicar el método de contabilidad nacional en la RTVM, cuando sus directivos tenían autorizado seguir el 'plan contable autonómico', que es el que se determina en su contrato programa. De hecho, el Consejo de Gobierno madrileño aprobó posteriormente las cuentas de 2020, en equilibrio, de la cadena.
No obstante, este episodio evidenció el desencuentro entre las partes, que volvió a demostrarse recientemente cuando Telemadrid ‘presionó’ a Díaz Ayuso para que participara en el debate electoral previo a los comicios del 4 de mayo. O cuando el Gobierno autonómico ‘apartó’ a la televisión pública de la organización del acto institucional del 2 de mayo y de la investidura de la presidenta.
La estrategia de Sol
El movimiento que ha impulsado el Ejecutivo autonómico pasa por impulsar un cambio legal que acorte el mandato del director general de la radio-televisión pública de seis a cuatro años. Eso implicaría la salida de López, quien fue designado en enero de 2017 hasta el mismo mes de 2023, pero que con el nuevo texto vería acortado su mandato en 24 meses. Por tanto, a estas alturas ya habría concluido.
La proposición de ley de los populares –explican fuentes de su grupo parlamentario- no afectaría a la elección del ‘jefe’ de este medio de comunicación, que se seguiría realizando, primero, mediante un concurso de méritos y, posteriormente, con la ratificación del ganador en la Asamblea con mayoría de 2/3.
Sin embargo, la propuesta modificaría la elección de los consejeros, que a partir de ahora consensuarían los grupos de la Asamblea. Eso quiere decir que las asociaciones profesionales de periodistas –que hasta ahora designaban a la mitad de este órgano- dejarían de tener un papel protagonista en este proceso. De hecho, a partir de ahora sólo estarían representadas en el Consejo Asesor de Telemadrid, que se reúne un par de veces al año.
La intención de los populares es que la Mesa de la Cámara autonómica apruebe el inicio de la tramitación de la reforma legal en las próximas horas y que se realice mediante lectura única, de modo que el texto pueda aprobarse a mediados de julio.
A partir de ahí -y si Vox apoya al PP-, se elegiría a un administrador provisional que permanecería en su puesto hasta que la Asamblea designe al nuevo Consejo de Administración y a su director general. Es decir, hasta que culmine un proceso que podría alargarse durante varios meses.
