La tramitación por parte del Consejo Audiovisual de Cataluña del expediente abierto contra Onda Cero, Cadena SER y COPE por no emitir la publicidad institucional sobre la consulta ilegal del 9-N no ha ayudado a despejar las dudas que existen sobre la independencia de este organismo.
Los consejeros más cercanos a la Generalitat votaron en diciembre de 2014 a favor de iniciar un procedimiento de información previa sobre este caso, en lo que se interpretó como una medida de presión política impulsada por el Ejecutivo de Artur Mas. Según ha podido saber Vozpópuli a través de fuentes internas, el presidente del CAC, Roger Loppacher ha dejado morir este asunto, en apariencia, porque las tres empresas implicadas no incumplieron la normativa audiovisual con su negativa a ofrecer dicha campaña en sus emisoras.
Desde la máxima autoridad audiovisual catalana no han informado públicamente sobre la suspensión del proceso ni han reconocido la inexistencia de hechos punibles. Ahora bien, fuentes oficiales del organismo han precisado a este periódico que su tramitación "se ha cancelado".
Otras fuentes cercanas al CAC detallan que Loppacher archivó este caso y dejó que “caducara”, ante el desinterés por parte de la Generalitat de iniciar una guerra fría contra estos medios de comunicación. En los tres casos, contrarios al proceso soberanista impulsado por Convergència y Esquerra Republicana.
Lo que todavía falta por dilucidar es si los consejeros de este organismo prevaricaron a la hora de tramitar este caso. Según adelantó Crónica Global, la Fiscalía de Barcelona inició hace unos meses una investigación para tratar de dilucidar si cometieron este delito al señalar a Onda Cero, COPE y Cadena SER por negarse a ofrecer unas cuñas sobre un proceso que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Desde el CAC confirman que su presidente recibió en la primera parte de 2016 una notificación por parte de este órgano judicial en la que se reclamaba información sobre la forma de tramitar este caso. Sus fuentes oficiales ignoran el resultado de esta investigación, aunque manifiestan que en todo momento prestaron colaboración. “No hemos recibido más mensajes al respecto”, detallan.
El CAC reconoce que la Fiscalía de Barcelona le ha requerido información sobre la forma de tramitar este caso, ante las sospechas de que sus miembros han podido cometer un delito de prevaricación.
Cabe recordar que el Consejo Audiovisual de Cataluña abrió este “periodo de información previa” ante las sospechas de que estas tres cadenas de radio habían incumplido la ley audiovisual catalana, que obliga a “difundir, gratuitamente y con indicación de su origen, los comunicados y declaraciones que el Gobierno de la Generalitat estime convenientes por causas justificadas de interés público”.
La máxima autoridad audiovisual catalana no entró en este asunto de oficio, sino que lo hizo después de recibir 60 quejas de particulares, que denunciaban la negativa de determinadas emisoras a difundir la campaña sobre el referéndum ilegal.
El propio Gobierno de la Generalitat se dirigió al CAC el 25 de noviembre de 2014, “mediante escrito del secretario de Comunicación del Gobierno, Josep Martí”, para poner en conocimiento de la autoridad audiovisual el supuesto incumplimiento de la normativa vigente.
Amedrentar a los medios contrarios al 'procés'
La decisión de iniciar un procedimiento administrativo contra estas empresas de radiodifusión –contrarias a la secesión- fue interpretada dentro del sector de los medios de comunicación como una maniobra para “amedrentar” a sus responsables. Máxime si se tiene en cuenta que podían haber sido sancionadas con una multa que oscilará entre los 12.001 y los 90.000 euros por la comisión de una infracción grave.
El último en pronunciarse a este respecto ha sido el locutor de COPE Carlos Herrera, quien hace unas horas recordaba en su programa el intento de la Generalitat de coaccionar a estas emisoras: “En esta casa (…), igual que en Onda Cero y en la SER, se recibió un requerimiento para que estas emisoras emitieran publicidad gratuita de la consulta del 9-N (…). Venía con amenaza: como no lo hagáis, vamos a reconsiderar las licencias”, ha expuesto.
