Sucedió el pasado jueves 19 de enero, poco antes de que La 1 emitiera el partido de fútbol entre el Real Madrid y el Villarreal y lograra un 21% de cuota de pantalla en ese rato. Los consejeros de Radiotelevisión Española fueron convocados ese día para una reunión ordinaria que no terminó bien y que evidenció la compleja situación en la que se encuentra Elena Sánchez como presidenta interina de la corporación.

Así lo explican fuentes de este órgano, quienes se confiesan preocupadas y sorprendidas por la deriva que han adquirido sus reuniones y por la hostilidad con la que algunos consejeros se dirigen a otros en sus intervenciones. Tal es así que la toma de decisiones por parte del actual equipo directivo está condicionada por las fuertes discrepancias existentes entre los vocales.

Las aguas bajaban turbias antes de la última reunión. El motivo era la aparición en varios medios de comunicación de las conclusiones de un informe de la intervención de Hacienda (IGAE) en el que el auditor reclamaba un mayor control de los gastos que realizan los directivos durante el desempeño de su cargo. En concreto, había detectado un total de 12.000 euros en comidas, viajes y derivados que no habían sido lo suficientemente bien justificados.

Hubo en el Consejo quien consideró que esta mala práctica debe denunciarse y eliminarse. De hecho, la propia RTVE reclamó a algunos directivos –designados durante la presidencia de José Manuel Pérez Tornero- que devolvieran algunas de las cantidades gastadas en este concepto.

Ahora bien, también hubo quien vio en estas filtraciones periodísticas una campaña contra esos dirigentes y contra algunos de los que todavía ostentan su puesto. Con la pólvora extendida sobre la mesa, hacía falta que saltara una chispa para que se produjera el estallido. Así sucedió.

Duro enfrentamiento en RTVE

Fuentes del Consejo han explicado a Vozpópuli que hubo un momento en el que Elena Sánchez anunció la presencia en la reunión de su jefa de Gabinete, Verónica Ollé –antigua subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- y eso causó malestar en varios de los consejeros, quienes consideraron que la citada directora no podía permanecer en la reunión. Un extremo que la propia presidenta negó.

Los ánimos se caldearon todavía más cuando Sánchez sugirió al secretario del Consejo, Alfonso Morales, y a la directora general corporativa, Marta Torralvo, que su presencia en la reunión podría resultar inadecuada a la hora de debatir el informe de la Intervención de Hacienda. ¿Por qué? Porque formaban parte del equipo directivo sobre el que la IGAE realizó dicho informe, que comprende nueve meses de gestión de 2021.

Estas palabras ensuciaron todavía más la atmósfera de la reunión, hasta el punto que varios consejeros –amén de los citados directivos- abandonaron el plenario durante unos minutos, en señal de indignación. Alguno, entre improperios y dudas sobre la verdadera legitimidad de Elena Sánchez para ejercer su cargo.

Los consejeros consultados manifiestan su malestar por la situación que se vive en este órgano, en el que la presidenta se ha topado con la oposición, en distintos momentos, de los tres consejeros designados para su puesto por el Partido Popular –Carmen Sastre, Consuelo Aparicio y Jenaro Castro-, del nombrado a propuesta del PNV –Juan José Baños- y de uno de los que propuso para su cargo el PSOE, Ramón Colom.

Es cierto que las decisiones relacionadas con la programación han salido adelante -salvo algunas excepciones-, pero también lo es que la presidenta no ha podido plantear determinadas modificaciones del organigrama por la ausencia de una mayoría dispuesta a apoyarla. Entre otras cosas, porque hay consejeros que le niegan esa legitimidad.

Minoría gubernamental

Todo esto ha provocado –en boca de uno de los consejeros pro gubernamentales- que, por primera vez desde que RTVE se convirtió en una corporación, el partido de Moncloa –en este caso, los partidos- no tengan una mayoría suficiente en el Consejo como para aprobar las decisiones que proponga el equipo directivo comandado por Elena Sánchez.

El próximo 1 de febrero, los vocales del Consejo de RTVE están citados para debatir de nuevo acerca del informe de la IGAE, lo que hace imposible descartar que se produzca un nuevo enfrentamiento entre los asistentes.

Entre tanto, el nombramiento del sustituto de Pérez Tornero -el décimo consejero- está paralizado y no se espera que se retome antes del final de la legislatura, ante el desinterés del Ejecutivo en cambiar el statu quo y del propio Partido Popular, que considera por roto el consenso que se alcanzó para iniciar, en 2021, la última etapa en RTVE, y que no tiene intención de recuperarlo, al considerar que el PSOE forzó la dimisión del anterior presidente para controlar los informativos de TVE de cara al 2023 multi-electoral.

En paralelo, se mantiene la batalla en los tribunales que iniciaron los sindicatos UGT, USO y SI contra la modificación de los estatutos sociales de la corporación que realizó el Consejo de Ministros para que la presidenta interina pudiera realizar funciones ejecutivas.

La semana pasada, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó la petición de medidas cautelares que habían realizado los denunciantes –para dejar sin efecto la decisión de Moncloa sobre RTVE-. Sin embargo, también reconoció a los sindicatos la legitimidad para iniciar esta batalla legal –en contra de la petición de la empresa-, al considerar que las decisiones en el ámbito laboral que tome el nuevo equipo directivo les afectan directamente.

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