La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha intermediado en el conflicto existente entre las televisiones privadas y LaLiga, y lo ha hecho con contundencia. El regulador ha abierto un expediente sancionador contra la asociación presidida por Javier Tebas por prohibir el acceso de las cámaras de Atresmedia y Mediaset a los estadios y le ha amenazado con una multa de 20.000 euros diarios si en las próximas 48 horas no corrige esta situación, con la que incumple una resolución emitida por este organismo en 2015.
La Sala de Supervisión Regulatoria del organismo no se ha pronunciado sobre las causas que han motivado el conflicto, ya que este punto se resolverá en un proceso paralelo. Pero en su dictamen ha pedido a Tebas -bajo amenaza de multa- que no impida la entrada en los estadios de los profesionales de las televisiones privadas. Asimismo, ha incoado un expediente por incumplir con las obligaciones que el propio regulador le impuso hace dos años, que puede suponer para LaLiga una multa de hasta 500.000 euros por cometer una infracción "grave", han explicado fuentes del sector audiovisual
Vozpópuli informó la pasada semana de que la Liga de Fútbol Profesional había notificado a Mediaset su decisión de prohibir el acceso de sus cámaras a los estadios por haber vulnerado, supuestamente, las normas de retransmisión de los resúmenes de los partidos. Horas después de que la dueña de Telecinco y Cuatro denunciara estos hechos ante el 'súper-regulador', Atresmedia hizo lo propio, al haber sido objeto de un trato similar por parte de la LFP, según aclaran estos informantes.
Las normas en los estadios
La CNMC autoriza a las televisiones privadas a acceder a los campos de fútbol para ofrecer imágenes de los partidos en sus programas informativos. En este sentido, cabe recordar que la propietaria de los derechos de los resúmenes de LaLiga es Mediapro (Jaume Roures), que tiene la potestad de revenderlos a varios operadores. Sin embargo, el resto de los operadores pueden emitir en sus canales 90 segundos de cada encuentro, hasta 24 horas después de su finalización. De ahí que Mediaset y Atresmedia haya presentado una denuncia ante el regulador para intentar que Tebas ponga fin a su veto.
En la comunicación que remitió esta asociación a Mediaset, se argumenta que los responsables de este grupo han cruzado tres líneas rojas. Por un lado, en los resúmenes de 90 segundos han alternado imágenes grabadas por sus propias cámaras con las que les proporciona Mediapro, algo que la asociación presidida por Tebas sostiene que está prohibido, en cuanto a que tienen que elegir entre unas y otras.
La Liga también considera irregular que Mediaset mantenga en su web los noticiarios y los programas deportivos en los que emite los resúmenes. Por último, pide a la propietaria de Telecinco y Cuatro que no utilice las imágenes grabadas por sus cámaras cuando haya pasado un día desde el término de dichos encuentros.
El origen del conflicto
Cabe recordar que, en julio de 2015, RTVE pagó a la Liga un total de 12 millones de euros para poder emitir en exclusiva los resúmenes del campeonato. Unas semanas después, Tebas trasladó al resto de las televisiones una propuesta por las que sólo les permitiría utilizar en sus informativos 90 segundos de imágenes de cada jornada.
Mediaset, al considerar que esa cantidad era insuficiente, se negó a rubricar ese pacto y llevó a la LFP ante los tribunales. A la vista de estos hechos, Tebas cerró la puerta de los campos de fútbol a los periodistas de esta compañía.
La CNMC, sintiéndose parte de esta causa, entró de oficio en septiembre de ese año. Como medida cautelar, ordenó a la Liga que volviera a acreditar a los profesionales de Mediaset para que pudieran entrar en los campos de fútbol, de conformidad con lo que dicta la Ley General Audiovisual. A la vez, anunció que se daba un plazo de tres meses para pronunciarse sobre este asunto.
En su dictamen, publicado en enero de 2016, y adelantado por Vozpópuli, pidió a Tebas que dejara a las cadenas privadas emitir hasta 90 segundos de cada uno de los encuentros que se disputen. El regulador entendió que de esta forma se satisface el derecho a la información de las televisiones que no sean titulares de los derechos audiovisuales.
