Las arcas públicas afrontarán este año un desembolso de 103,2 millones de euros para pagar a los 1.857 trabajadores que todavía están incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo que, en 2006, provocó el adelgazamiento de la plantilla de RTVE en 4.150 personas. Este plan de despido colectivo estará vigente hasta 2022 y costará hasta esa fecha un total de 1.717,5 millones, de los que quedan por pagar alrededor de 320, según datos del Tribunal de Cuentas. Este organismo ha denunciado los excesivos privilegios de los que gozan quienes se acogieron a este ERE, entre los que se encuentran varias decenas de complementos salariales.
El pago de esta factura correrá a cargo del Ente Público Radiotelevisión Española, es decir, de la empresa que gestionó este medio de comunicación hasta 2007, cuando se puso en marcha la actual corporación. Según los cálculos de esta sociedad, cada uno de los 1.857 empleados que se mantienen bajo el paraguas de este ERE habrá percibido a final de año, de media, 51.325 euros.
En el momento en el que se pactó este plan de despidos, se acordó que los afectados percibirían el 92% de su salario hasta el momento de su jubilación. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto que una buena parte de los mismos cobra más de lo previsto y que, en algunos casos, disponen de una nómina más elevada de la que le correspondería si siguieran en activo.
Algunos de los trabajadores del ERE de RTVE cobran actualmente una nómina más alta que si siguieran en activo
Esta entidad fiscalizadora detectó que el plan de empleo que determinó las condiciones de este Expediente incluye algunos puntos reprobables, como el que contempla que todos los afectados por la medida puedan percibir una doble subida salarial anual: por un lado, la que prevé la Ley de Presupuestos del Estado para los trabajadores del sector público y, por otro, la que aplica RTVE para toda su plantilla. Esto ha provocado que la media del neto que reciben los trabajadores del ERE supere el 92% del sueldo actualizado que cobrarían en ese ejercicio si siguieran en activo. Y "este mismo efecto de la doble subida va a suponer que, a partir del ejercicio 2020, un trabajador desvinculado por el ERE va a ganar más en neto que el 100% de lo que percibiría en activo de haber continuado en la Corporación", según el Tribunal.
Entre los aspectos más controvertidos relacionados con este ERE se encuentra el de la actuación que siguió la denominada Comisión Mixta Paritaria de Interpretación y Aplicación del ERE, un grupo formado por seis sindicalistas y seis miembros de la dirección de Televisión Española -cuatro de estos últimos, incluidos en el Expediente- cuyas únicas funciones eran las de velar por el cumplimiento de las condiciones de esta medida laboral y resolver las posibles discrepancias que surgieran al respecto. Según el Tribunal de Cuentas, este órgano "adoptó una serie de decisiones que excedían claramente de su competencia" cuyo coste para las arcas del Estado no se ha podido cuantificar, "ni siquiera de una manera aproximada".
Complemento salarial por haber formado parte de la orquesta y el coro de RTVE
Entre estas medidas se encuentra la inclusión de hasta 38 complementos variables dentro de la tabla que sirve para calcular el salario bruto de cada uno de los afectados. Algunos, por haber desempeñado un puesto en la orquesta y el coro, por haber residido en Ceuta, Melilla, Canarias o Baleares; o por "circunstancias personales". "Este Tribunal entiende, que el Ente Público debería haber sido más restrictivo" a la hora de conceder estas bonificaciones, según incide el organismo fiscalizador.
Este organismo tambien ha censurado la política de los gestores del ente público en materia de contratación después de presentar el ERE, que ha contravenido los términos del conocido como Acuerdo de Los Peñascales al que llegaron RTVE, la SEPI y los sindicatos en 2006 para reducir la plantilla de la televisión pública. Ese pacto estipulaba que de los 1.124 trabajadores con contrato laboral que había en ese momento, un total de 450 se convertirían en fijos. Pues bien, el Tribunal de Cuentas ha detectado que en realidad han sido 866 los que se han beneficiado de este ascenso.
Este órgano fiscalizador recuerda que, en 2006, RTVE estableció una serie de criterios para poder convertir a los empleados con contrato en fijos. En seis de cada diez casos se han incumplido. Pero aún hay más, puesto que el Tribunal también ha detectado que 248 contratados han accedido a un puesto fijo en estos años a partir de sentencias judiciales que han reconocido que habían realizado labores que no figuraban en su acuerdo con la empresa.
España gasta más de 700 millones en los sueldos de las televisiones públicas
Al coste que supone este ERE para las arcas públicas hay que sumar el de la plantilla de Radiotelevisión Española, que en 2016 asciende a casi 380 millones de euros. Es decir, a más de una tercera parte de su presupuesto total y a más de lo que invierte anualmente en la parrilla de programación de La 1, su principal canal. Para la corporación, trabajan actualmente alrededor de 6.400 personas, es decir, más del doble que en Atresmedia (1.800) y en Mediaset (1.266) juntas.
A esta plantilla hay que sumar las de las televisiones autonómicas, que emplean entre todas a casi 6.300 personas y gastan en sufragar sus sueldos más de 330 millones, con cargo a las diferentes Administraciones regionales. La más nutrida es la de TV-3, con 2.364 miembros (164,18 millones), seguida de Canal Sur, con 1.206 (83,9 millones) y la EiTB vasca, con 979 (56 millones), según datos recogidos por el sindicato Unión Profesional.
