Desde que se conocieran las bases del concurso convocado por el Gobierno para repartir seis licencias para la Televisión Digital Terrestre, han sido varias las empresas del sector audiovisual español que han amenazado con impugnar el proceso, al entender que no garantiza la libre participación de todas las compañías que aspiren a conseguir un permiso de emisión. Pues bien, la primera que ha confirmado que batallará en el Tribunal Supremo para tratar de conseguir esta condición es Infraestructuras y Gestión 2002, un nombre de sobra conocido en el mundo de la televisión, al estar detrás de la demanda que provocó hace un año el cierre de nueve canales de TDT.
Esta entidad ha impugnado en los tribunales durante la última década contra las licencias que Moncloa y los gobiernos regionales han adjudicado de forma que ha considerado irregular, lo que ha derivado en la apertura de procesos contenciosos judiciales en distintas autonomías.
El que más trascendencia adquirió fue el que causó la clausura de nueve canales de televisión en mayo de 2014, después de que un auto del Tribunal Supremo así lo ordenara. Esta decisión afectó a Atresmedia, Mediaset, Net TV y Veo TV, quienes, según estableció el Alto Tribunal, obtuvieron estos permisos de forma fraudulenta, de manos del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Un concurso que no garantiza la pluralidad
Las razones que han movido a sus responsables a impugnar el nuevo concurso de licencias radican en las condiciones restrictivas que establece, las cuales “impiden” la participación de empresas que, por ley, estarían legitimadas para hacerlo, explican a Vozpópuli fuentes de la compañía.
Ingest lamenta que los candidatos a conseguir una licencia de TDT tengan que aportar 6 millones de euros, en concepto de fianza
En concreto, lamentan que para presentar una candidatura haya que aportar 6 millones de euros, en concepto de fianza, con el único objetivo de que los aspirantes garanticen su capacidad para licitar. También critican que el Gobierno exija haber facturado 2,5 millones al año durante los últimos tres ejercicios para participar en el proceso.
Desde esta entidad, también critican que el Gobierno no haya restringido la participación en el concurso de los cuatro operadores que ya disponen de permisos para emitir en TDT y en el mismo ámbito geográfico nacional, algo que consideran "contradictorio" con la supuesta intención de Moncloa -como recoge el pliego de bases del procedimiento- es la de fomentar la pluralidad de la televisión en abierto.
Recuerdan que, en Italia, Mediaset, RAI y Telecom no pudieron optar a conseguir nuevas licencias para emitir en abierto en un procedimiento similar, resuelto en 2014, dado que entre las tres disponían de la mayor parte de los permisos de emisión. Ese proceso lo ganó La 7, un minúsculo operador.
Fuentes de Infraestructuras y Gestión 2002 también han expresado su rechazo a que un mismo operador pueda conseguir dos licencias, esto es, el 33 % de las licitadas, tal y como se permite en el procedimiento, pues esto podría derivar en que los permisos sólo fueran a parar a tres manos. "En ese caso, podría darse la posibilidad de que las empresas que ya están presentes en la TDT se quedaran con todas las licencias, lo que, evidentemente, va en contra del principio de pluralidad que tan claro ha dejado el Gobierno que persigue en este concurso", apuntan.
Empresas que han formalizado su interés por participar
En las últimas semanas, han sido varios los medios de comunicación que han expresado su interés por competir por un permiso de emisión. Entre ellos, se encuentran las cuatro que ya disponen de uno o varios de ellos, las cuales esperan con preocupación la resolución por parte del Tribunal Supremo de las tres demandas existentes contra ocho de sus canales. En este proceso, por cierto, también está presente Ingest, que defiende que un nuevo concurso, a resolver por el Gobierno que salga tras las próximas elecciones generales, repare los errores cometidos por los anteriores legisladores.
Entre las compañías que se espera que concurran también se encuentran el Grupo Prisa, Mediapro, las major norteamericanas, el Real Madrid o 13TV. La resolución del procedimiento tendrá lugar el próximo octubre.
