El concurso público para elegir al próximo presidente de Radiotelevisión Española no pasará a la historia como un ejemplo de pulcritud. Las maniobras realizadas por los grupos parlamentarios para evitar perder posiciones en 'la nueva RTVE' y la forma en la que fue redactado su reglamento han hecho peligrar el buen rumbo de este proceso, cuya fecha de resolución aún está por determinar. Este jueves, el Comité de Expertos que se encargará de proponer al Parlamento a los 20 mejores candidatos para ocupar los 10 sillones del Consejo de Administración de la corporación recibirá los proyectos que han presentado los aspirantes. Lo hará en medio de un ambiente enrarecido como consecuencia de las sospechas sobre la falta de imparcialidad de algunos de ellos.
El caso más significativo hasta el momento ha sido el de Carmen Caffarel, cuya presencia en este Comité ha sido puesta en cuestión por el Partido Popular, dado que ejerce, a la vez, de consejera de Telemadrid. Fuentes parlamentarias explican que el reglamento del concurso público no aclara este punto; sin embargo, la ley de Radiotelevisión Madrid (8/2015) incide en que ningún consejero de Telemadrid podrá ejercer un puesto “de elección o designación política”. A este respecto, cabe precisar que Caffarel fue propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista como vocal del Comité de Expertos.
Por si esto fuera poco, entre los 'sabios' propuestos por el Partido Popular ha cundido el malestar después de que trascendiera que los miembros de este órgano que fueron designados por el PSOE y Podemos mantuvieron hace unos días una reunión -fuera de las Cortes Generales- para consensuar una postura común sobre el desarrollo del concurso. Entre los vocales nombrados por el PP, sospechan que en el encuentro se habló de los candidatos que mejor podrían defender las posturas de los partidos de izquierda. Fuentes de los asistentes desmienten este punto y aseguran que la “cena” fue un acto informal en el que sólo se intentaron fijar las directrices para que el procedimiento avance de una forma correcta.
El pasado viernes, 7 de septiembre, los 17 expertos decidieron dividirse en tres grupos de trabajo para analizar los currículums remitidos por los más de 90 candidatos al concurso de méritos. El próximo jueves, está previsto que reciban los proyectos de gestión que han presentado -alguno, con cientos de páginas- para comenzar a evaluarlos, en un proceso que se espera que finalice antes del último día de septiembre.
Una lista que se retrasa
El problema es que el Congreso de los Diputados debía haber publicado a finales de la semana pasada la lista definitiva de los candidatos al concurso, después de que finalizara el proceso para subsanar los errores de las candidaturas. Sin embargo, este lunes todavía no se había difundido la citada relación de aspirantes, lo que supone un retraso sobre los tiempos previstos.
Este periódico ha podido saber que algunos de los candidatos que plantearon alegaciones durante el período de subsanación de errores han recibido en las últimas semanas, por correo postal, un escrito de los letrados de la cámara, donde se les informa que el pasado 6 de septiembre la Mesa de la Comisión Mixta de RTVE abrió un plazo para “modificar, ampliar o alterar” los proyectos de gestión presentados por los candidatos. Esto no estaba ni mucho menos previsto cuando se inició el procedimiento.
En este sentido, conviene tener presente que algunos candidatos dispusieron de más tiempo que otros para presentar sus proyectos para presidir RTVE. Esto se produjo porque durante el plazo de subsanación de errores se permitió que los aspirantes que hasta ese momento no habían enviado sus informes de gestión pudieran hacerlo.
Por otra parte, el día que se hizo público el baremo que utilizarán los expertos para puntuar estos proyectos ya se había cerrado el plazo para presentar candidaturas, pero no para que los aspirantes pudieran corregir los errores que contenía la información que habían remitido a las Cortes, por lo que algunos de los postulantes contaron con una mayor información que otros sobre el procedimiento. En definitiva, las reglas del juego se fijaron una vez convocado el concurso, lo que pudo beneficiar a algunos candidatos sobre otros.
Fallos en el reglamento
Hace una semana, las Mesas del Congreso y el Senado reconocieron la admisión de la candidatura de José Manuel Peñalosa -exdiputado del PP-, pese a haber sido rechazada en un primer momento porque el aspirante no disponía de la titulación necesaria para participar en el concurso.
He aquí otro de los puntos del reglamento del procedimiento que ha sido cuestionado por los participantes, dado que exige a los postulantes poseer una titulación superior para poder optar al Consejo de Administración de RTVE, mientras que la ley permite la posibilidad de acceder a este órgano pese a no haber pasado por la universidad, siempre que se tenga “reconocida competencia” y una experiencia “no inferior a cinco años en funciones de administración, alta dirección, control o asesoramiento (…) en entidades públicas”. Fuentes jurídicas insisten en que un reglamento nunca puede prevalecer sobre una ley.
Desde el Partido Popular y Ciudadanos, temen que las irregularidades que acompañan a este procedimiento den lugar a alegaciones y posteriores litigios que lo paralicen o aplacen considerablemente su resolución. En este caso, el principal beneficiado sería Pedro Sánchez, que hace unas semanas situó a Rosa María Mateo a la cabeza de la corporación, tras la aprobación de un Real Decreto. Desde entonces, no se puede decir precisamente que la televisión pública haya disparado muchas balas contra el Ejecutivo.
