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La 'chapuza' de Iceta y RTVE con fondos europeos obliga a Moncloa a rehacer un proyecto de 77 millones

El Proyecto HAZ está dotado con 76,9 millones de euros y está dedicado a formar en competencias digitales a 40.800 alumnos. El Ejecutivo deberá modificar un decreto para cumplir con Bruselas, ante su gestión irregular en RTVE

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Radiotelevisión Española se ha visto desbordada a la hora de poner en marcha el Proyecto HAZ, es decir, uno de los mayores y mejor dotados -76,9 millones de euros- de España con fondos NextGen, que persigue la formación en competencias digitales de 40.800 alumnos entre 2023 y 2025. Eso obligará al Ejecutivo a rehacer el Real Decreto que contemplaba la aplicación de este plan para flexibilidad sus condiciones y subsanar determinadas irregularidades. Mientras tanto, en el Consejo de Administración de la corporación hay voces que definen lo que ha ocurrido en este caso como una 'chapuza'.

Según informó la presidenta de la corporación, Elena Sánchez, a sus vocales en la pasada reunión de este órgano, el Gobierno ha transmitido su intención de aprobar un Decreto que permita ampliar las matriculaciones en los cursos del Proyecto HAZ hasta junio de 2026 y externalizar hasta el 85% de los servicios asociados al mismo.

Lo ha hecho a sabiendas de que, de lo contrario, debería dar explicaciones a Bruselas tarde o temprano acerca del atasco de ese plan, que fue aprobado con José Manuel Pérez Tornero como presidente de RTVE y con Miquel Iceta como ministro de Cultura.

Desde el primer momento, en la corporación hubo voces críticas -algunas, cercanas a la presidenta- que consideraban que RTVE no es la institución adecuada para la formación de estas 40.800 personas, tanto porque esos cursos podrían impartirse en otros centros educativos; como porque desbordaría la capacidad de su Instituto, de un tamaño relativamente pequeño.

Pero es que la licitación en diferentes paquetes de los 76,9 millones de euros y el despliegue de todos los 'micro-proyectos' que implicaba ha generado una cantidad de 'trabajo' y 'complicaciones' a nivel interno que han provocado que en algunos casos se cometieran irregularidades que iban contra el contenido del Real Decreto, como la que preveía que al menos el 50% de los recursos empleados debían ser internos, reconocen fuentes de la alta dirección de RTVE.

Ante esta situación, Moncloa ha trasladado a la radio-televisión pública su intención de modificar la norma (Real Decreto 219/22) para intentar solventar este problema.

El propósito de este proyecto

Hay que recordar que los casi 77 millones de este plan se deberán destinar a la creación de una plataforma de enseñanza a distancia; a la contratación de profesores y especialistas; y a la producción de contenidos audiovisuales formativos. Entre las principales adjudicatarias de los servicios externalizados se encuentra la empresa Mediapro, como adelantó ABC.

Esta noticia la recibieron los consejeros de RTVE en la reunión del pasado jueves, en la que volvió a evidenciarse la posición de debilidad en la que se encuentra la presidenta, tanto en este órgano como en Moncloa, donde sopesan sustituirla en los próximos meses, en el marco de la renovación de cinco vocales del Consejo de Administración que deberá realizarse en marzo, explican fuentes de la corporación.

En el turno de ruegos y preguntas, la presidenta volvió a expresar la necesidad de modificar el actual organigrama de RTVE y formar su propio equipo, algo que no ha podido hacer desde que fue designada como líder 'provisional' en octubre de 2022.

El problema es que para nombrar a los altos directivos de la radio y televisión pública necesita del apoyo de la mayoría de sus consejeros, algo que no tiene, dado que los tres vocales designados por el PP, el del PNV y uno de los del PSOE se niegan a realizar cambios en el organigrama hasta que se termine con la situación de temporalidad en la presidencia de la casa.

Tal es la debilidad de Sánchez que ni siquiera fue posible someter a votación la aprobación de la propuesta Presupuesto de RTVE para 2024. Una parte del Consejo le hizo ver que hasta que no haya más información sobre los PGE del Gobierno no es pertinente abordar el debate sobre estas cuentas.

Esto implica -según fuentes de este órgano- que quede en standby el incremento del 6% de la partida de gasto en programación que incluían estas cuentas, entre otras cosas.

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