La deuda de Radiotelevisión Española ascendía a finales de marzo a 284,2 millones de euros y había aumentado el 14,8% con respecto a enero. Así lo ha reconocido recientemente la presidenta provisional de la corporación, Elena Sánchez, en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso este periódico, en la que incide en que el pasivo se ha incrementado en 90 días en un total de 36,8 millones de euros.
Todo esto ha sucedido en un ejercicio en el que los ingresos de la corporación ascienden a 1.193 millones de euros. Es decir, a la cantidad más cercana de los últimos al techo que establece la ley de RTVE, que es de 1.200 millones.
El incremento de la deuda registrado a principios de 2023 se explica en el abono de 22,2 millones de euros a la UEFA, “conforme al calendario de pagos establecido en el contrato para la adquisición de derechos de retransmisión de la selección nacional de fútbol masculina en diferentes competiciones”.
RTVE también tuvo que recurrir al endeudamiento porque todavía no ha cobrado “la liquidación de las aportaciones de los operadores de televisión y de telecomunicaciones” correspondiente a 2022. Al menos, a la fecha en la que se publicó esta respuesta parlamentaria.
La corporación cerró el pasado ejercicio con un superávit de 17,2 millones de euros, que se destinó a la ampliación del fondo de reserva y mejorar la situación patrimonial de la corporación, tal y como afirmó Elena Sánchez en sede parlamentaria.
Durante ese ejercicio, la corporación recibió una asignación de los Presupuestos Generales del Estado de 443 millones de euros, que fue inferior a la del actual, que será de 530 millones.
La economía de RTVE
Hay que recordar que la radio-televisión pública no emite publicidad en sus cadenas desde 2010, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero la retiró, por ley, en cumplimiento de una de las exigencias que habían realizado desde unos años atrás los grupos privados del sector, agrupados en UTECA.
Los ingresos de RTVE han procedido desde entonces de los PGE, de la Tasa Radioeléctrica y de las aportaciones de los operadores privados de televisión y telecomunicaciones.
La retirada de la publicidad de la parrilla de programación de los canales de Radiotelevisión Española provocó que su dependencia con respecto al poder político se incrementara. Básicamente, porque al no tener la posibilidad de emitir anuncios su presupuesto quedó supeditado –en su mayoría- a las decisiones gubernamentales.
Primero, porque la última palabra sobre la asignación directa que recibe RTVE de los Presupuestos la toma el Congreso de los Diputados. Por su parte, la recaudación del impuesto sobre el espectro radioeléctrico es cosa de Hacienda; y su importe ha variado a lo largo de los últimos años.
La nueva Ley Audiovisual también prevé un cambio importante en el sistema de financiación de la corporación, al eliminar la obligación de las compañías de telecomunicaciones de entregar una parte de sus ingresos a RTVE. A cambio, tendrán que hacerlo los nuevos operadores audiovisuales, pero como una parte de su actividad se realiza fuera de España, se estima que la corporación podría dejar de recibir 100 millones de euros anuales por este concepto.
La normativa contempla que si el presupuesto anual cierra con una desviación del 10% sobre lo presupuestado, el presidente de RTVE debe ser cesado. Todos estos factores complican la toma de decisiones en la corporación y le hacen demasiado dependiente de las decisiones externas. Presidentes como José Antonio Sánchez han criticado en el pasado, en el Parlamento, lo complicado que es gestionar la corporación a tenor de todas estas limitaciones.
Problema con Hacienda
A todos estos factores de inestabilidad se une la relacionada con el litigio que mantiene RTVE desde hace varios años con la Agencia Tributaria –al igual que otros medios públicos- por la liquidación del IVA derivado de su actividad.
Los tribunales han concedido la razón a varias de las televisiones reclamantes en los últimos años, pero distintos procesos judiciales continúan en vigor, lo que obliga a realizar una ‘evaluación de posibles daños’ en los informes de cuentas anuales. A finales de 2021, RTVE calculaba que el impacto de este litigio en su balance podría llegar a ser de 532 millones de euros.
