La objetividad es un valor que en la profesión periodística está adulterado por los intereses económicos y políticos de cada medio y por la circunstancia de cada periodista. Lo describió a la perfección Billy Wilder en Primera Plana (1974), con esa particular habilidad para hacer comedia de las miserias de los hombres. En una escena de la película, aparece el director del Chicago Examiner, encarnado por Walter Matthau, telefoneando a uno de sus subalternos. Mientras hablan de los temas que incluirá la próxima edición del periódico, Matthau afirma que le “importa un pimiento que haya 100.000 muertos” en el terremoto de Nicaragua, pero no así el “campeonato de liga” y la afición del alcalde de la ciudad a pasar sus ratos libres en un burdel chino. De ahí que le ordene incluir los dos últimos temas y obviar el primero.
Cada medio de comunicación tiene sus puntos ciegos, sus deudas y sus dependencias económicas y emocionales. Salvo honrosas excepciones –o deshonrosas, según el caso-, ningún gestor dispara contra quienes abonan sus facturas, ni ningún periodista asesta una puñalada trapera a quien paga su nómina, a su padre, a su madre y a sus fuentes más fiables.
Todos estos intereses condicionan la realidad que describen los periódicos, las radios o las televisiones. Eso hace que el mensaje que transmiten a los ciudadanos esté sesgado, en mayor o menor medida. Suena tópico, pero no está de más recordarlo cada cierto tiempo dentro de un sector tendente a vanagloriarse de su existencia y en la que confluyen demasiados individuos que se erigen como abanderados de la libertad de expresión.
Este jueves publicaba eldiario.es una noticia en la que revelaba cómo el informático del caso Púnica, Alejandro de Pedro, montó un falso diario digital (Diario Bernabéu) al servicio de Florentino Pérez. La web estaba dedicada al fútbol y sólo incluía noticias beneficiosas para el Real Madrid. O, mejor dicho, para el presidente del club blanco. Quien aterrizara en esa página y desconociera este hecho, observaría una serie de artículos que, en algunos casos, poco o nada tenían que ver con la realidad.
Florentino Pérez es, precisamente, un empresario con el que determinados medios de comunicación han andado tradicionalmente con pies de plomo. En el caso de los deportivos, ha sido así porque de su satisfacción o disgusto con su línea editorial ha dependido que les permita lanzar promociones con el escudo del Real Madrid. Una acción comercial con la que han obtenido jugosos ingresos durante años.
En 2013, después del último y agitado año de José Mourinho en el banquillo madridista, Florentino Pérez prohibió a Marca que ofreciera productos a sus lectores con la imagen del club blanco, ante su descontento por el trato que había recibido en sus páginas. Hace exactamente un año, tras la destitución de Óscar Campillo como director de la cabecera deportiva, el presidente del Real Madrid dio orden de poner fin a este veto. Pero el pasado diciembre amenazó con dar marcha atrás después de que El Mundo –del mismo grupo, Unidad Editorial-, involucrara a Cristiano Ronaldo en el escándalo de Football Leaks.
Si Florentino Pérez juega bien esta carta con Marca, se asegurará que ni esta cabecera, ni ninguna del mismo grupo (El Mundo y Expansión) sean beligerantes para con sus intereses. Tanto los que tiene en el Real Madrid como en el sector de la construcción (ACS).
La crisis de los medios y su mansedumbre
Cuanto más altos sean los contratos que mantiene un medio de comunicación con los anunciantes, más difícil será que denuncie sus desmanes. Y, cuanto más dinero deba ese medio a sus acreedores, mayor mansedumbre -por lo general- exhibirá con ellos. Ahí se fundamentan las quejas de quienes denuncian que la crisis económica ha perjudicado a la libertad de expresión.
Unidad Editorial pertenece a un grupo italiano, RCS MediaGroup, que, a 31 de diciembre de 2016, contaba con una deuda de 366,1 millones de euros. Entre sus principales deudores se encuentra Banca Intesa Sanpaolo, cuya posición fue clave para que su actual presidente, Urbano Cairo, tomara el control del grupo el pasado verano. Con estos credenciales, resulta difícil pensar que Corriere della Sera o Expansión la emprendan con dureza contra esta entidad.
Lo mismo ocurre con Mediobanca, hasta hace el deudor con más peso en la compañía y actualmente con su vicepresidente, Marco Tronchetti, como consejero de la compañía. Del órgano de gobierno de esta entidad financiera, por cierto, todavía forma parte Maurizio Costa, dimitido como presidente de RCS MediaGroup tras la llegada de Urbano Cairo.
Ni El Mundo echará pestes de estas empresas, ni Mediaset lo hará de Silvio Berlusconi (Fininvest) y sus intereses en el sector editorial (Mondadori), el financiero (Mediolanum), el deportivo (A.C. Milán) o el del ocio.
En su consejo de administración se encuentran también Borja Prado y Ángel Durandez. Este último también es miembro del órgano de gobierno de Repsol y hasta hace unos meses ejercía de presidente de la Oficina para la Justificación de la Difusión (Prisa y Vocento estuvieron en esta compañía de televisión).
El principal competidor de Mediaset en la TDT es Atresmedia, dominado por Planeta (41,6% de sus títulos) y, por tanto, obligadamente respetuoso con los intereses de los Lara. Ni Antena 3, ni La Sexta, ni La Razón, ni Onda Cero serán excesivamente expeditivos con los lanzamientos de esta editorial, ni con los de negocios donde está presente esta familia, como, por ejemplo, el Banco Sabadell.
El pasado 27 de enero, El País publicó una noticia que ninguno de los medios de comunicación de Atresmedia daría en exclusiva. Se titulaba así: 'El auditor cuestiona las cuentas del grupo Planeta'. Lo hizo pocas semanas después de que el presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, saliera tarifando del programa de Carlos Alsina por las incómodas preguntas que le había trasladado, relacionadas con los papales de Panamá, la sociedad Star Petroleum y el empresario iraní Masseoud Zandi.
“Vamos que tener que publicar el patrimonio de la familia Lara, a ver si os tranquilizáis”, declaró, fuera de micrófono, según contó uno de los contertulios presentes en el estudio de radio, John Müller.
Prisa y sus múltiples intereses
Más allá de los negocios ‘a título particular’ en los que supuestamente participa Cebrián, lo cierto es que la compañía de medios de comunicación que preside tiene intereses heterogéneos tanto en el universo empresarial como en el político. Sobre este último punto se ha hablado largo y tendido durante los últimos años y no han sido pocos quienes han puesto el foco sobre la relación de Prisa con Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba o Soraya Sáenz de Santamaría.
A la vicepresidenta se le atribuye un papel importante para que la banca acreedora de Prisa aceptara, en 2013, capitalizar su deuda con la editora de El País, de ahí el buen trato que le han dispensado sus medios de comunicación desde entonces.
Del consejo de administración de Prisa forman parte actualmente Caixabank (3,83%), Santander (4,19%) y HSBC (9,5%). También Telefónica (13%), que lanzó un salvavidas al grupo en 2012, suscribiendo bonos convertibles en acciones por 100 millones de euros, previo acuerdo del Consejo Empresarial para la Competitividad.
Basta echar un mero vistazo a la hemeroteca de El País para cerciorarse de la altura intelectual que ha asignado este periódico a Nicolás Berggruen, hombre clave dentro de la operación de entrada del fondo Liberty en Prisa en 2010, en un momento en el que el grifo de los mercados financieros se había cerrado y la compañía de los Polanco necesitaba liquidez con urgencia.
Prisa tampoco dedicará excesivos esfuerzos a describir las costuras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, principalmente, por los intereses empresariales que posee en ese país, pero también porque entre los grandes aliados en el mundo empresarial con los que cuenta Enrique Peña Nieto se encuentra Roberto Alcántara Rojas (Grupo Herradura Occidente), quien llegó a la compañía abanderada Cebrián en 2014 con 100 millones de euros bajo el brazo.
Unos meses después de su entrada en el accionariado de la compañía, tuvo lugar el aterrizaje de International Media Group, propiedad del sultán catarí del sultán Ghanim Alhodaifi Al-Kuwari. Curiosamente, mientras los ejecutivos de Prisa negociaban esta operación, en El País se censuraron dos noticias que denunciaban las condiciones de semi-esclavitud a las que se somete a los trabajadores extranjeros que han sido contratados para construir los estadios del mundial que se celebrará en este emirato.
La banca acreedora...
Prisa no atacará a la banca acreedora, como tampoco lo hará el Grupo Zeta con los bancos con los que mantiene su deuda –principalmente Caixabank-, de alrededor de 100 millones de euros. Máxime en un momento en el que la compañía baraja opciones para suavizar el pago de estas obligaciones, según precisan fuentes internas.
No hay que perder de vista que uno de los grandes clientes de los grandes medios de comunicación es el Estado. De hecho, el pasado mes de febrero, el Gobierno anunció su intención de invertir 70 millones de euros durante 2017 para difundir a través de estas empresas sus campañas de publicidad institucional.
El 53% de estas acciones publicitarias figurarán en la prensa escrita, a la que el Ejecutivo sigue mimando como hace una o dos décadas, pese a su evidente pérdida de difusión.
De las 49 campañas de publicidad institucional que aparecerán en los periódicos durante los próximos meses, un total de 26 estarán dotadas con más de 1 millón de euros y en todas ellas este importe se repartirá entre varios medios de comunicación.
La propia patronal de la prensa escrita, AEDE, reconoce en la última edición de su Libro Blanco que los periódicos impresos son el medio de comunicación de referencia tan sólo para el 5% de los ciudadanos, por detrás de la televisión (33%), la prensa digital (21%), Facebook (10%), la radio (7%) y Twitter (6%).
Pese a que la prensa ha perdido cientos de miles de clientes y, por tanto, gran parte de su capacidad para que las campañas institucionales que figuran en sus páginas lleguen a un público masivo, el Gobierno sigue privilegiándola en el reparto de publicidad. Quizá porque el negro sobre blanco sigue imponiendo respeto. O quizá porque entre el poder político y los editores existen dependencias que conviene alimentar. Más que nada, para que no se oxiden.
