Cristóbal Montoro va camino de convertirse en el enemigo número 1 de las televisiones autonómicas. La mayoría de los miembros de la federación que agrupa a estas cadenas públicas, la FORTA, ha recibido durante los últimos meses un aviso de la Agencia Tributaria en el que les reclama el IVA sobre las subvenciones que han percibido entre 2015 y 2017 desde los gobiernos regionales, así como de determinadas actividades que realizaron entre 2012 y 2015. El asunto ha puesto contra las cuerdas a estas cadenas, a las que Hacienda reclama 549 millones de euros.
Desde la FORTA, han asegurado a Vozpópuli que Hacienda pide el pago del 21% del IVA sobre las ayudas públicas (contrato-programa) que ingresaron estas radios y televisiones en 2015, 2016 y 2017. La Inspección también exige el abono de una cantidad determinada de IVA que estas empresas públicas se dedujeron entre 2012 y 2015. Según la interpretación del fisco, contra la normativa vigente.
A este respecto, cabe recordar que la Agencia Tributaria cambió en 2012 el criterio utilizado para calcular las cuotas de IVA de las televisiones autonómicas. Entonces, las situó dentro del grupo de entidades públicas de ‘naturaleza dual’, que no tienen la posibilidad de deducirse todo este impuesto a la hora de adquirir bienes y servicios.
En FORTA, recuerdan que las televisiones autonómicas han tributado tradicionalmente el IVA con normalidad y “bajo un criterio constante”. “Radios y televisiones públicas han podido deducirse íntegramente el IVA que soportaban para el ejercicio de su actividad y nunca se les ha requerido la inclusión de las aportaciones financieras que recibían de las Administraciones Públicas en la base imponible”. Estas normas cambiaron con la reforma de este impuesto de 2012, en la que se introdujeron nuevos criterios “contrarios a la necesaria neutralidad” del IVA que han situado a las televisiones de la FORTA entre la espada y la pared.
La última entidad que ha reconocido su conflicto con Hacienda es la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), a la que Montoro reclama 167 millones de euros por la gestión irregular –a juicio de Hacienda- del Impuesto de Valor Añadido durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017. “Esta nueva exigencia del Ministerio de Hacienda supone una grave amenaza para la viabilidad del actual modelo de TV3 y Catalunya Ràdio”, lamentaron los responsables de este medio de comunicación en un reciente comunicado, en el que avanzaron que utilizarán “todos los medios legales oportunos” para tratar de revertir esta decisión.
Televisiones, heridas de consideración
Este gran problema con Hacienda debilita aún más la posición de las cadenas públicas regionales, cuya salud se ha deteriorado ostensiblemente desde el inicio de la actual década como consecuencia de su crisis de audiencia y de la merma de sus ingresos.
La enfermedad que arrastran estos medios de comunicación comenzó a manifestarse cuando llegó la recesión económica. Entonces, los gobiernos regionales se vieron obligados a reducir el presupuesto que destinaban para sufragar este servicio público, lo que provocó una pérdida de calidad de sus parrillas de programación y la consiguiente fuga de audiencia. Estos hechos se sucedieron prácticamente en paralelo al despliegue de nuevos canales temáticos en la TDT, lo que también perjudicó su share.
Con estos ingredientes sobre la mesa, era obvio que la inversión publicitaria que recibían estos medios de comunicación iba a mermar. Y así ocurrió. Máxime en un contexto de crisis económica en el que las empresas anunciantes se vieron obligadas a encoger la mano. Durante 2017, su facturación en este concepto ha mermado por encima del 10%.
En lo que respecta al IVA, desde FORTA aseguran que actualmente tratan de “buscar una salida que garantice la subsistencia y viabilidad” de estos medios. “El diálogo con la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda es constante (…) y hemos explicado el grave perjuicio e impacto negativo que puede tener esta nueva interpretación del IVA, que pone en riesgo la calidad del servicio, el empleo de miles de personas y la propia viabilidad del servicio”, concluyen.
