La noche electoral dejó una buena noticia para Radiotelevisión Española. Su especial informativo logró el 15,4% de cuota de pantalla y eso le situó por delante de las cadenas privadas. Era la primera vez en varios años que se producía este fenómeno, que, además, ha estado acompañado de un incremento de la audiencia que ha situado a La 1 (9,8%) por delante de Telecinco (9,5%) en lo que va de mes.
Pese a esta mejoría, la endiablada situación política que dejan los comicios del 23J no ayuda a aclarar las dudas que existen sobre el futuro de la corporación. Así lo reconocían este lunes fuentes de su Dirección, que incidían en que, al igual que ocurrió en el caso de Rosa María Mateo, la situación de interinidad de la corporación podría volver a alargarse en esta ocasión.
Elena Sánchez ejerce de presidenta provisional de RTVE desde que José Manuel Pérez Tornero dimitiera de su cargo el pasado septiembre. Por ley, debe ser el Parlamento quien elija al líder de la corporación, pero el PSOE era consciente tras la renuncia de Pérez Tornero de que no iba a poder reunir los apoyos suficientes en la Cámara Baja para designar a un sustituto.
Esto llevó al Ejecutivo a realizar una modificación de los estatutos sociales de la corporación de espaldas al Parlamento –que fue impugnada por varios sindicatos- para otorgar poderes ejecutivos a Elena Sánchez. Algo que, en principio, no le correspondía durante su interinidad.
Desde entonces, la periodista ha podido ejercer las mismas funciones que su antecesor en la corporación, aunque su liderazgo ha sido débil, dadas las fricciones que existen en su Consejo de Administración.
Sánchez tampoco ha dado muestras de querer seguir en su puesto por mucho tiempo. De hecho, llegó a desafiar a sus consejeros para que votaran su destitución durante una tensionada reunión en Barcelona, celebrada la pasada primavera, según explicaron fuentes de este órgano. Y en sus comparecencias parlamentarias ha pedido a los diputados que consensuen un presidente de RTVE a la mayor brevedad.
Un Consejo difícil de gestionar
El mandato de Rosa María Mateo duró tres años, mientras que el de Elena Sánchez ya se ha extendido durante diez meses. La primera gobernó la corporación como administradora única provisional, mientras que la segunda lo hace con un Consejo compuesto por nueve efectivos de los que tres fueron elegidos por el PSOE, tres por el Partido Popular, dos por Podemos y uno por el PNV.
Cinco de ellos terminan su mandato el próximo marzo: son los tres elegidos por los populares, uno del PSOE y uno del PNV. Se da la circunstancia de que los dos que designó el Congreso de los Diputados a iniciativa de Pablo Iglesias –hoy, fuera de la política- permanecerán en el Consejo otros tres años y medio más, pero no así los del PP ni el nacionalista vasco.
Las discrepancias entre los vocales han provocado que varias de las propuestas que Elena Sánchez y sus directivos han planteado en los últimos meses hayan sido tumbadas, lo que ha enturbiado el ambiente y dificultado la gobernabilidad de la casa. Tampoco han ayudado a ello las conocidas discrepancias entre los ejecutivos que encabezan las distintas áreas de la corporación.
Aritmética parlamentaria
La situación no parece que vaya a solucionarse de forma sencilla, exponen estas fuentes. La elección del nuevo presidente –y de los consejeros en noviembre- implicaría un amplio acuerdo parlamentario entre varios grupos. Mientras eso ocurra, las reuniones del Consejo podrían estar movidas por las mismas dinámicas que en los últimos meses, que son las que no han ayudado en la toma de decisiones.
La ley faculta a los consejeros con el mandato caducado a mantenerse en funciones hasta que el Congreso y el Senado los sustituyan. De hecho, no sería la primera vez en la historia que esto sucedería. Ahora bien, dentro de RTVE considerarían arriesgado llegar en esta situación hasta que en 2027 haya que renovar a los cuatro consejeros cuyo mandato expirará en ese año.
Hay factores que ayudan a mantener cierto optimismo en Prado del Rey. En 2023, el presupuesto –casi 1.200 millones de euros- es el mayor en más de una década. También ha mejorado la audiencia. No obstante, la situación de provisionalidad genera algunas dudas dentro de RTVE. También los efectos que la guerrilla política podría tener sobre su actividad.
Un antiguo consejero pone un ejemplo: el Mandato Marco –la norma que determina los objetivos que debe perseguir RTVE y en los que debe invertir su dinero- caducó en 2018 y apenas si se ha iniciado el debate para renovarlo. Por otra parte, la ley que se aprobó hace 15 años obliga a que la televisión pública cuente con un contrato-programa para hacer más eficiente su gasto. De momento, ni está ni se le espera.
