Un año después, el Gobierno del Partido Popular no ha cumplido lo que anunció sobre el reparto de canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT). El 22 de marzo de 2013 la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que se ejecutaría la sentencia del Tribunal Supremo que supone reordenar el mapa de la televisión en España. Han pasado ya más de doce meses y ese anuncio sigue sin cumplirse. El fallo afecta a las grandes empresas del negocio televisivo: Atresmedia, Mediaset, Unidad Editorial y Vocento. Todas ellas esperan con atención la decisión gubernamental. El ministro de Industria, José Manuel Soria, acaba de decir que habrá una solución "pronto". Continúa el culebrón.
Desmentir los incumplimientos del Ejecutivo en esta materia resulta imposible. Textualmente, el acuerdo decidido por el Gobierno decía, según leyó Soraya, esto: "El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para ejecutar una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 27 noviembre de 2012, que anuló el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de julio de 2010, por el que se asignaba un múltiple digital de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal, directamente sin mediar concurso. Mediante el Acuerdo aprobado, se da cumplimiento estricto a la sentencia del Tribunal Supremo incardinando la ejecución de la misma en el proceso de liberación del conocido como 'dividendo digital'." Un año después, la sentencia no se ha ejecutado y, para colmo, dicha ejecución se ha desligado de la implantación del 'dividendo digital'.
El pasado noviembre la vicepresidenta apeló al diálogo "entre todos" en un acto junto a los grandes empresarios del negocio televisivo
El pasado noviembre, Soraya acudió a las jornadas anuales de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca), patronal de las televisiones. Allí, rodeada de José Manuel Lara, Alejandro Echevarría, Antonio Fernández-Galiano, Luis Enríquez y el resto de grandes empresarios del negocio televisivo, la vicepresidenta apeló al diálogo. Dijo que se necesitaba una "negociación entre todos" los implicados encaminada a encontrar "un modelo que, con pleno respeto a las exigencias legales y a nuestros tribunales, concilie las necesidades y requerimientos técnicos con la seguridad que necesita el sector para su proyección de futuro". Pasa el tiempo y este tipo de declaraciones quedan en el olvido. La única realidad es que el Gobierno no ha cumplido lo que anunció.
¿Motivos?
¿Por qué? ¿Miedo a los grupos de comunicación, que remarcan que se trata de un fallo administrativo, recuerdan sus inversiones y amenazan con denuncias? ¿Intento de contentar a las televisiones con algún acuerdo? Solo en el Ejecutivo lo saben. Pero el caso es que el pasado diciembre el propio Supremo hizo público un auto en el que rechazó los recursos sobre su sentencia y recordó que nueve de los actuales canales de la TDT deben dejar de emitir porque el Gobierno de Zapatero los adjudicó irregularmente en 2010. Tras esta segunda decisión judicial parecía que el Ejecutivo no tenía otra opción que acelerar el proceso. Sobre todo después de que los jueces remarcasen que la reordenación de la TDT no estaba ligada necesariamente a la implantación del 'dividendo digital', argumento que hasta ese momento usaba el Gobierno para justificar su retraso. Pero han pasado otros cuatro meses y nada de nada.
Hace unos días los empresarios urgieron al Gobierno otra vez y señalaron a Soria como culpable
Así las cosas, en los últimos días se han vuelto a disparar las especulaciones sobre la posibilidad de que el Gobierno por fin haga cumplir la sentencia del Supremo. Sobre todo tras las declaraciones al unísono Soria y uno de sus colaboradores más cercanos, el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo. Las fuentes del sector consultadas por Vozpópuli se quejan una vez más de la incertidumbre que viven desde hace ya un año. Incertidumbre que quedó reflejada en su último manifiesto al respecto, hace unos días, cuando urgieron nuevamente al Gobierno y señalaron como culpable de la tardanza al mencionado Soria.
Pocas opciones tiene el Ejecutivo para, en línea con lo dicho por Soraya, contentar a todos los implicados. Como mucho, está la opción, no mal vista por las televisiones, de eliminar los nueve canales y, a continuación, sacarlos a concurso. Algo que, por otra parte, podría volver a ser llevado a los tribunales. Por tanto, el culebrón, que ya se hace eterno, aún puede ir más lejos.
