Los representantes de PP, PSOE y Ciudadanos que trabajan desde hace unas semanas en el diseño del nuevo regulador de los mercados y la competencia tienen sobre la mesa una 'patata caliente' que ha condicionado su labor y hace temer que la puesta de largo del nuevo organismo se retrase en el tiempo. Es la situación de Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea, antiguos presidente y consejero de la Comisión del Mercado y las Telecomunicaciones (CMT) que fueron destituidos en 2013, cuando se creó la CNMC. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado recientemente que su cese fue ilegal y los partidos que durante estos días negocian sobre la morfología que adoptará el nuevo regulador temen que el Tribunal Supremo oblique a readmitir a estos dos antiguos miembros de la CMT.
La Unión Europea obliga a sus socios a disponer de un organismo que controle los mercados y la competencia. Para garantizar que actúe con cierta independencia con respecto al poder político, exige que sus consejeros no puedan ser apartados de su puesto hasta que expire su mandato. Sin embargo, Lorenzo y Ormaextea fueron destituidos cuando se puso en marcha la CNMC, lo que les llevó a recurrir su despido ante la Justicia. El Tribunal Supremo realizó una consulta al TJUE y esta instancia judicial fue clara: su cese vulneró las normas comunitarias.
A partir de ahora, será el Alto Tribunal español el encargado de decidir si los dos consejeros afectados deben ser reintegrados en el organismo, si su despido es nulo y si deben ser indemnizados por la decisión política que provocó su destitución.
No hay que olvidar que la marcha de Lorenzo y Ormaetxea se produjo en un contexto de enfrentamiento entre el PP y el PSOE que enfangó el proceso de creación del 'súper-regulador'. Los socialistas renunciaron a designar a sus propios consejeros por las diferencias políticas que les separaban del partido del Gobierno. Eso provocó que los populares pudieran elegir a 8 de los 10 consejeros, mientras que los otros dos, les correspondieron a CiU y PNV.
El PSOE renunció a proponer consejeros para la CNMC por las diferencias políticas que le separaban del PP.
Esto explica la voluntad del PSOE y de Ciudadanos de acelerar la reforma del regulador, que se espera que culmine durante la primera mitad de 2017. Fuentes de la CNMC son conscientes de que dentro del Ministerio de Economía existe un grupo de trabajo dedicado a pulir los detalles del nuevo regulador, si bien las noticias llegan con cuentagotas al organismo.
A vueltas con el nuevo modelo
La voluntad de los partidos es la de dividirlo en dos partes, tal y como figura en el pacto que rubricaron el pasado verano el PP y Ciudadanos para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Una de ellas, se encargaría de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa en este campo; y de garantía de la unidad de mercado. La otra, de la supervisión y control de los sectores económicos regulados (energía, telecos, audiovisual, Correos...) y de resolución de conflictos entre operadores económicos.
Lo que dentro de la CNMC nadie tiene claro es cuál será el nuevo modelo de gobernanza de la institución. Es decir, si los dos organismos actuarán de forma plenamente independiente o si compartirán algunos de sus servicios o funciones. Tampoco si contarán con el actual número de consejeros (10) o si decidirán ampliarlo.
A este respecto, cabe recordar que el mandato de los consejeros María Ortiz, Eduardo García Matilla y Diego Rodríguez expiró en septiembre de 2015. Entonces, los partidos acordaron que su renovación o sustitución no se tramitaría hasta que se formara un nuevo gobierno.
El próximo septiembre, expirará el contrato de Josep María Guinart (CiU), de Idoia Zenarruzabeitia (PNV) y de Fernando Torremocha. En el aire, está el tema de Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea, que el Tribunal Supremo deberá resolver próximamente.
Lo que está claro es que, a lo largo de 2017, se producirán cambios en el regulador, un organismo que la Unión Europea pretende que esté a salvo de las presiones políticas pero que, en España, ha estado condicionado por las escaramuzas y los intereses de los principales partidos.
