El Instituto Internacional de la Prensa (IPI) y otras tres organizaciones periodísticas han pedido que el próximo Gobierno español que salga de las urnas tras el próximo 20 de diciembre derogue la Ley de Seguridad Ciudadana por considerar que esta norma "puede afectar al derecho a la información sobre temas de interés público en España". Esta misma premisa es la que ha recogido El New York Times, en su portada, en el que el diario analiza la falta de independencia que sufren los medios españoles a raíz de la Ley Mordaza y en medio de una restricción financiera que sufre la industria periodística desde los últimos siete años, que le ha llevado a perder más de 11.000 puestos de trabajo.
En las conclusiones del informe de IPI, titulado España: La libertad de prensa en un momento de cambio, indica que algunas medidas adoptadas, como la Ley de Seguridad Ciudadana, "albergan peligros evidentes para el libre flujo de información de interés público". "El próximo Gobierno español debería derogar la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana y recuperar la independencia de la RTVE", señala el IPI en un comunicado emitido en Viena con motivo del lanzamiento de este informe de 30 páginas.
Una misión integrada por representantes de las cuatro organizaciones se reunió en junio con miembros de los principales partidos españoles para analizar la situación de la libertad de prensa en un año electoral que concluye con los comicios generales del 20 diciembre. "El IPI considera que las disposiciones vagas y desproporcionadas de la Ley de Seguridad Ciudadana pueden tener un efecto disuasorio en los medios de comunicación y pueden afectar al derecho a la información sobre temas de interés público en España", indica el informe.
El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, declaró a la misión que el Gobierno "no había adoptado ninguna medida restrictiva en materia de libertad de expresión", pese a que esa ley ha sido criticada por asociaciones españolas de periodistas y abogados, así como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y cinco relatores de derechos humanos de la ONU, recuerda el IPI. Por su parte, Martha Steffens, miembro de la junta ejecutiva del IPI y líder de la misión, valora de forma positiva que los partidos de la oposición se hayan comprometido a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana y a defender la independencia de RTVE.
El informe recuerda que en abril del 2015 periodistas de RTVE presentaron una denuncia ante el Parlamento Europeo contra la supuesta parcialidad en este medio, recomienda asimismo la creación de un regulador independiente y específico del sector de los medios audiovisuales, y plantea la necesidad de mejorar la transparencia en el área de la publicidad institucional.
