La juez Bárbara María Córdoba –Juzgado Mercantil nº9 de Barcelona- ha desestimado los tres recursos contra la autocompra del diario ‘Público’ por Jaume Roures, dueño fundador del rotativo que para el que en enero solicitó concurso de acreedores voluntario y que del que en mayo se hizo de nuevo con el control a través de una inmobiliaria de reciente creación. Según el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli no cabe recurso alguno, decisión que permite que Roures concluya con éxito la jugada con la que ha logrado conservar el control del medio de comunicación pese a las deudas acumuladas por su anterior empresa.
La Tesorería General de la Seguridad Social interpuso un recurso de reposición contra el auto del 23 de mayo que autoriza la venta de la unidad de negocio de Mediapubli –hasta dicha fecha editora del diario ‘Público’- a la inmobiliaria Display Connectors, sociedad controlada por el dueño de Mediapubli, Jaume Roures, y varios socios relacionados accionarialmente con la concursada, los cuales, en la actualidad, controlan el renovado proyecto editorial del rotativo fundado en 2007 pese a haber solicitado concurso de acreedores voluntario. A su vez, el ex adjunto al director del periódico Público, Pere Rusiñol, recurrió con anterioridad el auto la vinculación accionarial de Roures con la SL que ganó la puja, entre otros motivos, por no haberse cumplido con la publicidad obligada en este tipo de procesos. Asimismo, otra ex trabajadora de ‘Público’, Magdalena Bandera, presentó un recurso contra la subasta pública de la cabecera en la que se escogió la oferta de Display frente a la de la cooperativa de ex trabajadores de 'Más Público', ya que esta no fue correcta puesto que no era demostrable que la viabilidad del proyecto de Display fuese mayor.
La letrada de Seguridad Social Victoria Álvarez Flores alegó que la jueza carece de competencia para concretar que el adquiriente quedará exonerado frente a la Seguridad Social y estimó que existe sucesión de empresas en el ámbito prestacional por lo que “parece lógico que también exista la misma en el ámbito de las deudas que por cotizaciones (u otros conceptos) la empresa concursada mantenga con la Tesorería de la Seguridad Social”.
Vía libre para el empresario
La Juez, en este sentido, ha desestimado el recurso de reposición al considerar que pese a reconocer que “la cuestión planteada por la TGSS es controvertida” ha desestimado el recurso de reposición planteado puesto que “los efectos que se derivan de dicha venta son los previstos en la ley concursal en virtud del principio de especialidad y no los recogidos en la normativa general de la Seguridad Social”.
En cuanto al recurso de Rusiñol, según la jueza, no sólo se respetó la citada publicidad sino que también se publicó en el tablón de anuncios del juzgado como medio complementario y se acordó su difusión a través del Gabinete de Prensa del TSJC “siendo un hecho público y notorio que fue recogida en todos los medios de comunicación nacionales”. Respecto al recurso de Bandera la jueza manifiesta que no se puede llevar a la conclusión de que su modelo de negocio no es viable “máxime cuando aportan con su oferta un informe razonado firmado por un experto independiente que lo avala”.
Accionariado de la inmobiliaria
El principal propietario de Display Connectors es PAG 1, S.L, que cuenta con el 40% del capital y está dedicada al “asesoramiento, venta y postventa de productos informáticos al sector de la comunicación”. Curiosamente, en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), figura que su actividad es la “confección de prendas de vestir, excepto de peletería”. El resto del accionariado se divide en participaciones del 10% del capital, todas pertenecientes al entorno de Jaume Roures. En este grupo se incluye Mediacable Servicios de Producción, Multiax-Invera, Emilio Arrojo Tomás, José María Crespo y José Luis Zárraga. Además, existen dos participaciones del 5% controladas por los propios Roures y Tatxo Benet, ambos principales accionistas de 'Público' desde su fundación, según denuncian los cooperativistas.
