Un día después de que trascendiera el informe de la Guardia Civil que sitúa a Jaume Roures como uno de los cerebros del proceso soberanista, Mediapro, su productora audiovisual ha respondido al Instituto armado y ha asegurado que el contenido de ese documento supone un "ataque a la libertad de creación, pensamiento y expresión". "¿Es un delito realizar un documental?", ha planteado.
La compañía se refiere al reportaje estrenado en TV3 unos días después del referéndum del pasado 1 de octubre, centrado en las cargas policiales que sucedieron en algunos colegios electorales, pero al que se ha acusado de pasar de puntillas sobre el hecho de que la consulta era ilegal.
"Mediapro afirma que resulta extraordinariamente grave (...) que la producción de un documental sea considerada por la Guardia Civil una prueba delictiva. Dichas libertades, contempladas en la Constitución, amparan a cualquier ciudadano y exigimos que sean respetadas también para los profesionales que realizaron 1-O, atendiendo al evidente interés informativos de los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017 y que fueron cubiertos informativamente por medios de todo el mundo", ha expuesto el grupo.
Asimismo, lamenta que el informe cite como prueba de su colaboración con los soberanistas el hecho de que Mediapro gestionara el centro internacional de prensa que se erigió en Barcelona para acoger diversos actos informativos relacionados con el 1-O. "Un repaso de la lista de comparecientes evidencia que no se trataba de un centro de prensa del Govern de la Generalitat, ya que sólo la mitad de las comparecencias fueron de miembros del ejecutivo catalán", manifiesta.
Fuentes de Mediapro han descartado que la empresa percibiera una contraprestación por parte de la Generalitat por realizar ese servicio. También afirman que la iniciativa fue de la empresa, y que no se realizó a petición de los secesionistas.
Cabe recordar que, unas semanas antes del referéndum, Mediapro produjo y estrenó el documental Las cloacas de interior, que se centraba en las grabaciones realizadas en el despacho del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que supuestamente atestiguaban la existencia de una campaña para fabricar escándalos que afectarán a los políticos independentistas.
También generó suspicacias el hecho de que el pasado 27 de agosto, el empresario catalán organizara una cena en su domicilio barcelonés con Oriol Junqueras y Pablo Iglesias. Unos meses después, en una entrevista concedida a El Mundo, salió al paso de los rumores y afirmó que ni había tenido nada que ver en el procés ni defendía la independencia de Cataluña.
