En España, generalmente, se observa la BBC como una meta a alcanzar. Como el paradigma de las televisiones de titularidad estatal. Un hermano mayor del que aprender y al que imitar. Pero la radiotelevisión pública británica también esconde algunos cadáveres en el armario que demuestran que en su interior no todo es armonía y perfección. Hace unos años, sus directivos tuvieron que disculparse ante el embajador de México después de que los presentadores de uno de sus programas definieran a los ciudadanos del país centroamericano como "perezosos, irresponsables, flatulentos y pasados de peso". Entre tantas críticas positivas, este medio de comunicación también esconde algún episodio vergonzante. O, al menos, algún desliz.
Unos años antes, en 1982, el titular del Foreign Office, Francis Pym, hizo pública una queja que compartía una buena parte de los ‘tories’: la información que la BBC transmitía sobre la Guerra de las Malvinas era excesivamente neutral y trataba con la misma consideración a los ingleses y a los argentinos, algo que veía intolerable. El diputado conservador Robert Adley fue un paso más allá y definió a la radio-televisión pública como la “quinta columna del general Galtieri en Gran Bretaña”.
Lejos de tener en cuenta estas consideraciones, sus responsables decidieron hacer oídos sordos y no claudicar ante esas presiones.
El 28 de octubre de ese año, el PSOE ganó las elecciones generales en España con una apabullante mayoría absoluta y, poco después, Alfonso Guerra designó a José María Calviño como director general de RTVE. El abogado no tardó en situar al frente de TVE, de RNE y de Radio Exterior a Antonio López (militante socialista), Fernando Delgado y Eduardo Haro Tecglen, claramente escorados hacia la izquierda. Entre las primeras acciones de censura que se le recuerdan a Calviño se encuentra el veto a Alfonso Puerta, quien había denunciado la corrupción del PSOE de Felipe González, protegido entonces por la televisión pública y en pleno romance con el Grupo Prisa.
Estos dos ejemplos dejan clara la abismal diferencia existente entre la BBC y RTVE, que va más allá de la financiación que reciben. La primera –con sus imperfecciones, de las que rara vez se habla en España- tiene una probada capacidad para no caer en las fauces de clase política, caracterizada por su enfermiza obsesión por someter a todas las instituciones del Estado. La segunda, ha sido todo lo contrario desde el día de su fundación, hasta el punto de haberse convertido en un juguete roto.
El Mandato Marco de RTVE caducó en diciembre, pero de momento no se han realizado movimientos para renovarlo.
La televisión británica despidió en 2015 a 1.000 trabajadores después de que sus responsables llegaran a la conclusión de que, tras la llegada de internet, la gente ve menos la televisión y, por tanto, es necesario adelgazar su estructura. La española mantiene una plantilla de 6.400 empleados que el Gobierno no ha estado dispuesto a reducir o a renovar por el coste político que supondría el ejecutar tales acciones dentro de un medio de comunicación donde los sindicatos cuentan con un músculo muy considerable.
La BBC renovó a finales de 2016 su Royal Charter, es decir, el documento que determina el servicio público que tiene que cumplir y la financiación que recibirá hasta 2027. Lo hizo tras un debate entre las fuerzas políticas que se prolongó durante varios meses y que en algunas fases fue bronco, pero que llegó a buen puerto. En España, el equivalente a esa normativa es el Mandato Marco. Caducó el pasado diciembre y ni ha existido negociación, ni los partidos han mostrado un excesivo interés por iniciarla de forma urgente.
El movimiento de Ciudadanos
Ciudadanos presentó el pasado 21 de febrero en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar el sistema de nombramiento del presidente de RTVE, de modo que, a partir de ahora, se elija por mayoría de 2/3 de la Cámara Baja, al igual que se hacía hasta 2012, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto-ley para poder designar a su candidato haciendo valer la mayoría absoluta que el PP ostentaba entonces.
Ciudadanos quiere que los miembros del Consejo de Administración de RTVE -4 de ellos llevan 50 meses en funciones- sean elegidos por las Cortes Generales, a razón de cinco por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado, “de entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional”. Antes de ser nombrados, deberán pasar un examen en el Congreso y obtener la aprobación de las dos terceras partes del plenario.
Una vez se seleccione a los nueve miembros del Consejo de Administración, serán los propios grupos parlamentarios los que elijan al candidato a presidir la corporación, que deberá obtener el apoyo del 66% de los diputados para acceder al puesto, según pide la formación naranja, que comparte con el PSOE el deseo de que, a partir de ahora, el presidente de la corporación se nombre con un amplio consenso.
Hasta 2006, era el propio Gobierno el que elegía al máximo responsable de la radio-televisión pública.
No hay que olvidar que, hasta 2006, era el propio Gobierno el que elegía al máximo responsable de la radiotelevisión estatal por el método del dedazo. Cuando se desmanteló el ente público y se puso en marcha la corporación RTVE (Ley 17/2006) se estableció que, a partir de ese momento, el presidente lo designaría el Parlamento, con una mayoría de 2/3.
El primer responsable de RTVE elegido por consenso fue Luis Fernández, que contó con el plácet de José Luis Rodríguez Zapatero –una isla en su partido, en este sentido- para hacer y deshacer en la televisión sin preocuparse en exceso por la opinión de las fuerzas políticas. Como ocurre con todo en la vida, existen voces discrepantes en este sentido que consideran que Fernández se comportó como un soldado del Gobierno, pero lo cierto es que recibió golpes tanto desde las filas populares como de las socialistas. Estos últimos, motivados por el excesivo protagonismo que algunas voces de peso en el PSOE consideraron que le concedió a la oposición.
De hecho, fue el propio Gobierno socialista el que le mostró la puerta de salida en 2009 –con la figura de Rodríguez Zapatero muy debiltada- cuando le negó la financiación que pedía para que RTVE siguiera siendo competitiva.
Alianza con las televisiones privadas
Durante la gestión de Luis Fernández, en Moncloa se cocinó la nueva ley de financiación de RTVE, que eliminó la publicidad de sus canales. Este hecho produjo un doble impacto. Por un lado, permitió al Gobierno mejorar su relación con las televisiones privadas, que habían ejercido duras presiones –a su modo- sobre el PSOE para que aprobara esta medida, ante la fortaleza de la pública, entonces con una audiencia de notable alto. Esto sucedió en un momento en el que la crisis caía sobre España con la fuerza del diluvio universal y el Gobierno socialista recibía críticas desde todos los frentes, por lo que necesitaba aliados mediáticos.
Esta medida, por otro lado, incrementó la dependencia de la televisión pública de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, restó independencia a sus gestores. O aceptaban las órdenes que recibían del Gobierno o verían cómo se cerraba el grifo de la financiación. Eso fue lo que le ocurrió a Leopoldo González-Echenique, quien tuvo que dimitir después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se negara a inyectar un salvavidas de 130 millones de euros en RTVE.
Curiosamente, esto sucedió en un momento en el que en Génova se libraba una guerra entre los partidarios de utilizar los telediarios como un arma ideológica y, a la vez, un escudo defensivo y los que preferían que mantuvieran un perfil bajo en este sentido, con Julio Somoano en la Jefatura de Informativos.
Por todo esto, los concursos de méritos, los exámenes parlamentarios y las búsquedas para encontrar al candidato más apto e incorrupto para dirigir a la televisión pública serán estériles si el próximo presidente de RTVE no cuenta con la financiación suficiente para cumplir con los objetivos que determine el próximo Mandato Marco. Bien con anuncios o bien sin anuncios. Bien con una Televisión Española con la actual dimensión o bien con una más reducida.
José Antonio Sánchez se mantiene como presidente, pese a su deseo insatisfecho de abandonar el cargo.
Eso sí, de momento José Antonio Sánchez se mantiene como presidente, pese a su deseo insatisfecho de abandonar el cargo, que se ocupó de transmitir en su entorno –sin excesivo disimulo- durante una buena parte de 2016. Desde luego, en Génova y en Moncloa no incomoda su presencia, puesto que no se ha caracterizado, precisamente, por levantisco o desobediente.
El PSOE y en Ciudadanos han avanzado que trabajarán para reformar la televisión pública y para impulsar una reforma de su cuadro de mando. Pero, de momento, la palabra que gobierna el futuro de RTVE es “indefinición”.
