Las arcas del Estado registraron en 2014 una salida de 124,3 millones de euros para pagar a los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado en 2006 por Televisión Española. Esta medida de ajuste laboral estará vigente hasta 2022 y hasta el momento ha conllevado el desembolso de más de 1.000 millones de euros por parte de la Hacienda pública, que han sido recibidos por los 4.150 empleados que abandonaron la televisión pública como consecuencia de este plan de bajas. El año pasado costó 13 millones de euros menos que en 2013, pero incluyó una serie de compensaciones a estos trabajadores que resultan más que polémicas y cuya idoneidad ha cuestionado el propio Tribunal de Cuentas.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hace unas horas las cuentas correspondientes al ejercicio 2014 del ente público RTVE, en liquidación desde que en 2007 se decidió que la televisión pública se convirtiera en corporación. El agujero que generó el año pasado esta empresa ascendió a 96,1 millones de euros -en 2013 el déficit fue de 78,1 millones-, que se explica principalmente por la elevada cuantía de la partida que aún se destina a pagar el ERE presentado hace casi una década.
El ERE de Televisión Española costará otros 550 millones de euros hasta 2022
Este Expediente se presentó con Carmen Caffarel de directora general de este medio de comunicación y con Pedro Solbes de ministro de Economía. Y no ha sido precisamente barato, puesto que contempla el pago de 1.722 millones de euros en 15 años, de los que quedan por liquidar alrededor de 550, según se deduce de las últimas cuentas del ente público. Su coste anual se ha reducido paulatinamente debido a que una parte de los trabajadores incluidos en este plan de bajas ya se ha jubilado, pero aún así, supondrá un considerable desembolso de las arcas públicas hasta 2022.
Un ERE con un coste multimillonario
La legitimidad de algunas de las condiciones que incluye este costoso ERE ha sido muy cuestionada. De hecho, el Tribunal de Cuentas publicó el pasado junio un demoledor informe en el que denuncia lo poco “restrictivos” que fueron los ideólogos de esta medida laboral con los complementos salariales recogidos en su Plan de Rentas, pues los incluye hasta de 38 tipos, algunos de ellos difíciles de justificar.
Este documento también critica la subida salarial anual del 2,5 % que pactó RTVE con los 4.150 despedidos, complementaria a la que compensa cada 1 de enero el incremento del IPC y que entre 2007 y 2022 tendrá un coste por cada uno de los empleados que se acogió a este plan de bajas de entre 12.816 y 157.897 euros. Esto supone que un periodista que dejara el ente público en 2006 cobre actualmente un sueldo más alto que si aún prestara sus servicios para la radiotelevisión pública.
El documento también retrata la elevada "conflictividad judicial" que ha generado el Expediente de Regulación de Empleo, que se ha plasmado en 950 demandas ante los tribunales en las que se han visto implicados 3.300 empleados, con el coste que eso ha supuesto para el erario público.
El Estado, al rescate
El presupuesto anual del ente público de RTVE también recoge otras partidas que requieren de la generosidad del Estado, como la subvención de casi 31 millones de euros que se le ha asignado y que sus administradores justifican en la necesidad de "cumplir sus obligaciones" y avanzar en el proceso de desmantelamiento de esta empresa pública, cuyo patrimonio neto consolidado se redujo en 96 millones de euros en 2014, hasta situarse en los 139,3 millones, según recoge el informe de cuentas que han presentado.
El Estado subvencionó con casi 31 millones de euros al ente público de RTVE durante 2014
A las pérdidas de 96 millones de euros que generó esta entidad el año anterior hay que sumar el descubierto de 132 millones de euros de la actual corporación, presidida por José Antonio Sánchez. Desde que en 2007 adoptó esta fórmula jurídica, la televisión pública ha presentado un déficit estructural constante que ha rondado los 100 millones de euros anuales y que ha puesto en cuestión la idoneidad de su actual modelo de financiación, aprobado durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Sus directivos prevén cerrar el ejercicio actual con un déficit de unos 30 millones de euros, mucho menor que el año anterior. Esta reducción de sus números rojos no se deberá a un especial esfuerzo de ahorro de costes por parte de sus gestores, sino a la condonación del IVA sobre una buena parte de sus actividades, prometida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y con la que RTVE espera evitar el pago de hasta 90 millones de euros anuales.
