Las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la Proposición de Ley por la que se modificará el método de elección del presidente de RTVE clarifican básicamente dos cosas: por un lado, que las posturas entre los principales partidos son distantes en algunos puntos clave y, por otro, que varias de esas desavenencias tienen más que ver con motivos ideológicos y con estrategia política que con cualquier propósito de mejorar el funcionamiento de la televisión pública. Lo único que parece decidido, a estas alturas, es que el nuevo ‘líder’ de la corporación se elegirá por mayoría de 2/3 de los diputados, lo que exigirá un consenso que, a priori, no parece fácil de alcanzar.
El PSOE, autor de la citada Proposición de Ley, propone que el presidente de RTVE acceda a su cargo tras ser respaldado, como mínimo, por el 66% de los diputados. También pretende ampliar el Consejo de Administración de la corporación de 9 a 12 miembros, de los que cuatro sean elegidos por el Senado (con mayoría del PP) y ocho por el Congreso, siempre con mayoría de 2/3 de sus miembros. De estos últimos, los socialistas quieren que dos sean propuestos por UGT y CCOO.
Ciudadanos y Partido Popular discrepan acerca de la inclusión de los sindicatos en el máximo órgano de decisión de la corporación. “La representación sindical en el Consejo no se ha acreditado como una aportación imprescindible, habida cuenta de que los intereses de los trabajadores (…) tienen otros cauces más útiles para defenderse”, explican los populares en sus enmiendas, firmadas por Rafael Hernando y a las que ha tenido acceso Vozpópuli.
El partido del Gobierno apuesta porque el Consejo de Administración no aumente de tamaño, puesto que “la experiencia ha demostrado que el actual número de miembros (…) es suficiente y responde adecuadamente a los criterios de austeridad y eficacia impuestos en RTVE”. Podemos, al igual que el PSOE, quiere que se amplíe a 12 el número de consejeros, y que uno de ellos sea elegido por los sindicatos mayoritarios, otro por los trabajadores de la corporación -mediante votación directa- y otros por un Consejo Asesor.
Para evitar que se repita una situación de vacío de poder similar a la que se vivió tras la dimisión de Alberto Oliart como presidente, en julio de 2011, las cuatro principales fuerzas parlamentarias apuestan por introducir en la ley una cláusula anti-bloqueo a la que se pueda recurrir en el caso de que los candidatos no sean respaldados por las 2/3 partes del Congreso o del Senado.
Los partidos quieren introducir en la ley una cláusula anti-bloqueo para evitar el riesgo de un vacío de poder en RTVE.
El PSOE ya anunció hace unas semanas su intención de enmendar su propia Proposición de Ley para que el PP no pueda boicotear a los aspirantes que propongan el resto de las fuerzas políticas. Por su parte, los populares defienden que, si después de tres meses las Cámaras no han alcanzado el consenso suficiente, pueda elegirse al Consejo de Administración por mayoría absoluta.
Ciudadanos y Podemos coinciden en este punto y mantienen que, si transcurridas 24 horas desde la primera votación no se ha llegado a un acuerdo, se rebaje la exigencia para los candidatos de los 2/3 a los 3/5 partes de los diputados o los senadores.
El grupo parlamentario liderado por Pablo Iglesias propone, además, que se convoque un concurso público para seleccionar al próximo presidente de RTVE. “Los candidatos deberán presentar un proyecto estratégico de futuro para la corporación y comparecer para su evaluación ante un comité de expertos, formado por personas de reconocido prestigio profesional”, explica.
Pelea política
Más allá de la morfología de la que pretenden dotar los principales partidos al órgano de decisión de RTVE, cabe señalar que el PP ha pedido la supresión de varios párrafos de la Proposición de Ley presentada por el PSOE, en los que se denuncia la falta de independencia de la televisión pública actual y la escasa credibilidad de sus programas e informativos, algo que sucede a juicio de los socialistas, por culpa del Gobierno. En opinión de los populares, estas denuncias no se corresponden con la situación real de la corporación.
Lo que queda claro, en virtud de estas enmiendas, es que los partidos no emprenderán una revolución en RTVE, puesto que buscarán un acuerdo de mínimos para elegir a su presidente y a sus consejeros, presumiblemente, con un método similar al que se seguía hasta que en 2012 el PP cambió la ley para poder nombrar a sus candidatos haciendo valer su mayoría absoluta. De hecho, los populares pugnarán porque sólo se renueve a los 4 consejeros que se encuentran en funciones.
En definitiva, el actual modelo de RTVE no se demolerá, puesto que el legislativo no renunciará a nombrar y controlar a sus directivos.
Una vez se apruebe esta Proposición de Ley, las fuerzas políticas deberán decidir acerca del mantenimiento del actual sistema de financiación de RTVE y, sobre todo, tendrán que configurar el nuevo Mandato Marco de la corporación, que deberá fijar los objetivos de la radio-televisión pública para los próximos 9 años y especificar (mediante un contrato-programa) el presupuesto del que dispondrá para alcanzarlos.
