Es la historia de nunca acabar. Fue el pasado diciembre cuando la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) entregó a Radiotelevisión Española un informe en el que se señalaban gastos de 12.000 euros por parte de algunos de sus directivos -y de su expresidente- que no se habían justificado de la forma adecuada. El alto mando de la corporación solicitó que lo devolvieran y entre los afectados hubo quienes reaccionaron a la defensiva, al considerar que lo señalado por la auditoría era una mera recomendación y que, en cualquier caso, esas facturas en comidas o viajes habían sido previamente aprobadas por la dirección corporativa correspondiente.

Con posterioridad, la corporación licitó un informe forensic por 11.100 euros con el fin de que una empresa externa analizara las facturas de los directivos señalados y ofreciera una opinión sobre la legitimidad o la inconveniencia de esos gastos. Esta iniciativa ha generado un nuevo incendio en la corporación, hasta el punto que el pasado viernes se estudiaba la convocatoria de un Consejo de Administración Extraordinario para evaluar su impacto.

¿Por qué ha ocurrido esto? Una pista la ofrece el comunicado que remitió hace unas semanas el Comité de Auditoría de RTVE a la alta dirección. Vozpópuli ha tenido acceso a su contenido y en el texto señala como una mala práctica la idea de encargar el informe del modo en que se hizo.

"El Comité de Auditoría y Cumplimiento, reunido de manera extraordinaria, lamenta que se haya procedido a una medida insólita como la licitación y posterior adjudicación de un informe forensic, sin haber sido consultado previamente. Con ello se sienta un precedente en RTVE con unos riesgos difíciles de evaluar. Un procedimiento de este tipo conlleva sospechas de fraude o corrupción, que se externalizan, en previsión de un proceso judicial que, en el caso que nos ocupa, aún no se ha producido", expone.

Y añade: "El Comité de Auditoría y Cumplimiento muestra su sorpresa porque un proceso de este tipo fuera iniciado sin el conocimiento, y, por tanto, autorización, de la presidencia interina, sin informe expreso de la asesoría jurídica y con cierta opinión de la Abogacía del Estado, cuyo fundamento no consta. Por todo ello, el Comité de Auditoría y Cumplimiento va a solicitar a las dos direcciones dependientes de tal órgano, que procedan a investigar -cada una en su ámbito- la metodología seguida para el proceso objeto de esta comunicación".

Este órgano interno está comandado por el consejero Juan José Baños -designado por el PNV- y forman parte del mismo Carmen Sastre (nombrada por el PP), Concepción Cascajosa (PSOE), Roberto Lakidain (Podemos) y Ramón Colom. Este último, nombrado por los socialistas, pero crítico con la concesión a Elena Sánchez de poderes ejecutivos.

Guerra de bandos

Fuentes del Consejo interpretan esta comunicación como una muestra del malestar que existe entre una parte de los vocales de este órgano por la forma en la que Elena Sánchez ha querido instrumentalizar el informe de la IGAE para provocar la dimisión de algunos directivos, todavía con su cargo vigente. Otros informantes -del bloque progresista- apelan a investigar las citadas dietas y a depurar responsabilidades.

De hecho, el consejero José Manuel Martín Medem solicitó hace dos meses un debate en el Consejo sobre la destitución de los directivos a los que señaló la IGAE, dado que los vocales de RTVE rubricaron un pacto en 2022 -antes de solicitar fondos NextGen- para rechazar y perseguir cualquier forma de corrupción en la corporación.

Así que entre los consejeros hay dos posturas antagónicas: por un lado, hay quien piensa que los directivos afectados por el informe de auditoría deben abonar las cantidades reclamadas y, en todo caso, dimitir. Y, por otro lado, hay consejeros que consideran que Elena Sánchez y sus aliados han utilizado este documento como un arma contra sus enemigos en el Comité de Dirección y en el Consejo.

Todo esto sucede en un momento en el que varias de las principales apuestas que había realizado RTVE para el nuevo año han fracasado en términos de audiencia. Eso ha provocado que los sindicatos comiencen a disparar contra directivos como José Pablo López -director de Contenidos Generales- y Elena Sánchez. Y eso ha intensificado los enfrentamientos que existen entre las diferentes áreas, tal y como reconoce un miembro del Comité de Dirección de RTVE.

Los gastos de la discordia

¿Y cuáles son los gastos de directivos que generaron este cisma? En su informe de auditoría, la IGAE señala la existencia de facturas de viajes y restaurantes que el interventor considera que no están lo suficientemente bien justificadas. Estos gastos los hicieron varios miembros del equipo directivo y los aprobaron desde el departamento corporativo de la televisión pública.

Todos ellos aparecen en la siguiente imagen:

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