El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, podrá anotar en su currículum que ha conseguido que la televisión pública finalice un año con equilibrio presupuestario. Eso sí, gracias al auxilio del Ministerio de Hacienda. La corporación solicitará al Estado que compense los más de 30 millones de euros que perdió en 2015, dado que ha cumplido con su objetivo de gasto, pero no ha ingresado por parte de los operadores de telecomunicaciones y las cadenas privadas la cantidad que estaba prevista en su presupuesto. No será la única ayuda que le prestará el Ejecutivo, puesto que Cristóbal Montoro le ha eximido de pagar 70 millones de euros en concepto de IVA.
La televisión pública dispuso en 2015 de un presupuesto de 948,7 millones de euros, muy similar al de los ejercicios precedentes. En esta ocasión, no rebasó su techo de gasto –por 40,2 millones de euros-, ni recibió por parte de las ‘telecos’ y las televisiones privadas la cantidad que se preveía en los Presupuestos Generales del Estado, lo que le faculta para pedir al Estado que compense su déficit, que, a falta del cierre definitivo de sus cuentas, será de 33,56 millones de euros. Fuentes oficiales de la corporación han precisado a Vozpópuli que, a día de hoy, estas compañías adeudan casi 95 millones de euros del impuesto anual que están obligados a pagar para mantener este medio de comunicación.
La ley de financiación de RTVE obliga a las cadenas privadas y a las 'telecos' a pagar una tasa para financiar la televisión pública
Cabe recordar que la ley de financiación de Radiotelevisión Española, aprobada por el PSOE en 2010, estipula que las televisiones privadas y las empresas de telecomunicaciones deben pagar una tasa anual para compensar los ingresos que dejó de percibir la corporación pública con la eliminación de la publicidad de su parrilla de programación. Esta cantidad es del 3% de sus ingresos brutos en el caso de las compañías que emiten en la TDT, del 1,5% en el de los canales de pago y del 0,9% de los que perciben las de telefonía.
La Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por la aprobación de esta tasa en 2010. Esta causa la retiró en 2013 después de que esta instancia judicial diese la razón a Francia en el caso de un impuesto similar que creó en 2009. A pesar de que el TUE avaló la legalidad de este tributo, las compañías de telecomunicaciones mantienen su recurso en el Tribunal Supremo contra la 'Ley Zapatero'.
RTVE en apuros, pero menores
La maniobra que efectuará RTVE para equilibrar sus cuentas le permitirá alejarse de uno de los peligros que le acechaban durante 2015, como es el de tener que volver a afrontar una causa de reducción de capital. La legislación española le obliga a reconocer esta pérdida de peso en caso de que su patrimonio neto sea inferior a las dos terceras partes del valor de su capital social. Y si su déficit hubiera sido superior a los 60 millones de euros, hubiera sido necesario iniciar ese proceso por segunda vez en los últimos dos años.
El presidente de RTVE ha solicitado en reiteradas ocasiones un cambio en la ley de financiación que aprobó Rodríguez Zapatero
En el caso de RTVE, resultaría muy complicado corregir esta situación y conseguir sortear en un año la reducción de capital, dado que su ley de financiación apenas si le deja margen de maniobra para mejorar su posición patrimonial. Su presidente, José Antonio Sánchez, ha solicitado en varias ocasiones en sede parlamentaria una modificación de la normativa por la que se rige la televisión pública para dotarle de una mayor autonomía para obtener ingresos. Sin embargo, sus propuestas han caído en saco roto y el Gobierno ni siquiera ha accedido a concederle una mayor libertad para buscar patrocinadores para sus programas. Entre otras cosas, porque cualquier maniobra en este sentido podría ocasionarle un conflicto con Atresmedia y Mediaset.
La realidad es que, mientras RTVE ha dispuesto durante los últimos ejercicios de alrededor de 950 millones de euros para gastar, la BBC británica ha contado con unos recursos de 4.000 millones, la RAI italiana, de 3.000; y la FOX y la ZDF alemanas, de 2.000, según los datos ofrecidos por Sánchez en el Congreso hace unos meses.
Desde la oposición parlamentaria, reclaman al Gobierno que garantice los 1.200 millones de euros anuales que se preveían en ley 2010 de Radiotelevisión Española, mientras que desde el Partido Popular han surgido voces que han pedido la vuelta de la publicidad a la corporación para tratar de corregir su déficit. O, como en 2015, para evitar que el Estado tenga que hacerle más concesiones millonarias.
