La barra libre de la que hasta ahora han gozado las televisiones de pago para utilizar los contenidos de TVE ha terminado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asegura en una reciente decisión que, pese a que la ley obliga a la corporación pública a proporcionar de forma gratuita la señal de sus canales a estas plataformas, no faculta para hacer cualquier tipo de negocio con sus programas, puesto que estas empresas no son titulares de sus derechos audiovisuales y eso podría provocar un aluvión de reclamaciones y demandas. Eso supone que, a partir de ahora, Movistar+, Orange y Vodafone no podrán ofrecer estos espacios informativos y de entretenimiento en diferido o dentro de otros canales que no sean los de TVE.
La Ley Audiovisual exige a los responsables de la corporación pública que proporcionen acceso a sus canales de radio y televisión a las empresas que emiten por cable, por satélite o por internet sin recibir ninguna contraprestación económica. El problema es que algunos de los operadores de pago ofrecen actualmente los contenidos de TVE de forma fraccionada. Es decir, llenan huecos de sus canales temáticos con los contenidos más interesantes de La 1, La 2, Clan o Teledeporte, ofreciéndolos en un horario diferente al que se emiten en la TDT y desgajados del resto de la programación de la televisión pública, algo que es ilegal.
La ley no permite que Movistar+, Orange y Vodafone emitan los programas de RTVE en diferido
La CNMC precisa que la Ley Audiovisual permite el acceso gratuito de las plataformas de pago a los canales de TVE para garantizar "el mantenimiento del pluralismo informativo y audiovisual". Pero considera necesario que su emisión se realice "con carácter lineal", es decir, que los canales de RTVE sean retransmitidos a la vez que se produce su emisión original. "Cualquier otra forma de explotación o comercialización sería ir más allá de lo permitido por la Ley", dado que, entre otras cosas, permitiría a las 'telecos' hacer negocios con programas, series o acontecimientos deportivos de los que no son dueños.
No hay que olvidar que la ley de financiación de Radiotelevisión Española, impulsada durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, prohíbe la emisión de publicidad en cualquiera de sus canales de radio y televisión. Los únicos mensajes promocionales que está facultada a emitir son los de los patrocinadores de sus espacios deportivos y culturales. Actualmente, se da la paradoja de que, mientras que la corporación no obtiene ingresos a través de los anunciantes, las plataformas de pago sí que se lucran con la emisión de sus programas, algo a lo que el súper-regulador ha pedido que se ponga coto.
Una nueva vía de financiación con la venta de programas
En la respuesta al escrito presentado por RTVE, la CNMC precisa que, en caso de que las plataformas de pago deseen utilizar contenidos de un modo distinto a lo que permite la normativa vigente, el ente público podrá exigir que pasen por caja. "La Ley de financiación (de la televisión pública) establece que podrá obtener ingresos (...) por los servicios que preste y, en general, por el ejercicio de sus actividades, incluyendo la comercialización de sus contenidos, tanto de producción propia como de producción mixta o coproducción".
Esto significa que si cualquiera de estas empresas quiere emitir en alguno de sus canales temáticos alguna serie, película o espacio de entretenimiento en cuya producción haya participado RTVE de alguna forma, sus responsables podrían reclamarle una contraprestación económica, de la misma forma que hacen con los canales extranjeros que quieren televisar alguno de estos contenidos.
Esto abre una nueva vía de financiación para la corporación que, si bien no le reportará grandes ingresos, ayudará a aliviar sus dificultades económicas. En 2011, 2012, 2013 y 2014, RTVE cerró con unas pérdidas de alrededor de 100 millones de euros anuales. En 2015, ha conseguido equilibrio presupuestaria, pero a cambio de que Cristóbal Montoro le "perdonara" el pago de 70 millones de euros en concepto de IVA y de que el Estado le haya librado de asumir 30 millones de euros en pérdidas, gracias a haber cumplido su objetivo de gasto, puesto que a eso está obligado, por ley.
