El Tribunal Supremo votará y fallará, el próximo 13 de noviembre, un recurso que estima que la concesión por parte del Gobierno de Zapatero de los canales surgidos con la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) fue irregular. De prosperar la demanda presentada por Infraestructuras y Gestión 2002, firma con domicilio social en Vitoria, las televisiones nacionales se verían obligadas a cesar la emisión de 17 de los 24 canales de ámbito Estatal, teniendo que terminar con los segundos y terceros con los que los grupos de comunicación completan desde hace años su oferta de programación.
El recurso expone que, con la llegada de la TDT, el Ejecutivo amplió las licencias de Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta, Veo (Unidad Editorial) y Net (Vocento-Intereconomía) sin mediación de subasta o concurso público alguno, según expone la documentación entregada a la Sala de los Contencioso-Administrativo por parte de la representación legal de Ingest 2002.
El apagón analógico supuso que la nueva tecnología con el que se ocupó el espacio radioeléctrico permitiese un uso más eficiente del mismo y en consecuencia el poder multiplicar el número de canales que se emiten en España. El Gobierno de Zapatero, mediante una disposición transitoria a la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), amplió las concesiones con el objetivo de facilitar la implantación de la nueva tecnología. Expuso como pretexto “el interés general” que supondría facilitar la conversión de la emisión analógica a la digital. El Consejo de Ministros anunció la medida como “transitoria”. De hecho, en 2009, el Supremo desestimó, pese a la disconformidad de varios magistrados, otro recurso presentado Ingest 2002 sobre el mismo asunto. El tribunal basó su decisión en el carácter temporal de la medida.
Pero al contrario que en otros países europeos, el Gobierno de España eludió una vez consolidada la transición digital poner en marcha una licitación para concursar por los nuevos canales. Cabe destacar que varios países europeos conmutaron las licencias de cada canal analógico por otro digital, en lugar de por tres como en España. Pero bajo el paraguas de ampliar la pluralidad de la oferta televisiva, el 16 de julio de 2010, el Consejo de Ministros adjudicó de manera definitiva las 24 las frecuencias digitales a las televisiones que ya los estaban operando.
Los actuales adjudicatarios son los únicos que cuentan con solvencia económica y técnica para prestar el servicio.
Fuentes del sector, vinculadas a los principales operadores, consideran que el recurso de Ingest 2002 quedará en “agua de borrajas”. Los grupos afectados han solicitado el archivo de la demanda. Argumentan, entre otras cuestiones, que los actuales adjudicatarios son los únicos que cuentan con solvencia económica y técnica para prestar el servicio, además de que la LGCA permite determinadas excepciones para la ampliación de licencias.
Pero más allá de la legalidad o no del proceso que juzga el Alto Tribunal, la demanda pone de manifiesto el singular método con el que el Gobierno de España contentó a todos los operadores ya presentes en el mercado. Hasta 2006, convivían 6 canales privados de televisión nacional: Antena 3, Tele 5, Cuatro y La Sexta emitiendo de manera simultánea en analógico y digital, además de Net y Veo emitiendo sólo en digital. Estas licencias fueron concedidas por concurso por la Ley 10/1998. La tensión generada con Telecinco y Antena 3 que implicó el desembarco en la televisión en abierto 24 horas de Sogecable (Cuatro) y de La Sexta, más la presión del lobby de los nuevos operadores controlados por Unidad Editorial y Vocento, llevó al Ejecutivo a tomar una determinación que supuso que todos los grupos se beneficiaran de nuevos canales. Esta medida, en opinión de fuentes independientes del sector, frenó la incorporación de nuevos competidores que podrían haber pujado por un espacio de titularidad pública y por el que el Estado podría embolsar importantes sumas de dinero. La realidad del sector en 2012 es que los grandes operadores (Mediaset-Telecinco y Antena 3) han absorbido a los nuevos surgidos con la TDT consolidando un duopolio televisivo. Mientras, Vocento y Unidad Editorial se han visto obligadas a ceder sus frecuencias a operadores extranjeros para poner freno a los números rojos que les suponía la explotación comercial directa de las mismas.
