La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho oficial este jueves su autorización a la compra del 56 % de Digital Plus por parte de Telefónica. Para ello, ha sido necesario que la empresa de telecomunicaciones adquiera una serie de compromisos con los que el organismo regulador quiere evitar prácticas monopolísticas en el mercado de la televisión de pago. Vozpópuli ya informó de que, entre ellos, se encuentra el de compartir con sus competidores una parte de sus contenidos premium, así como el de limitar el tiempo de exclusividad sobre sus proveedores (como la LFP o las ‘major’ estadounidenses). Pues bien, la letra pequeña de la resolución también restringe a Telefónica cualquier práctica encaminada a entorpecer el cambio de compañía de sus clientes.
Esta última medida limitará el margen de maniobra de Telefónica para establecer compromisos de permanencia en los contratos que incluyan televisión de pago, lo que, a priori, facilitará la movilidad de los usuarios de este mercado. La compañía de César Alierta también tendrá prohibido realizar prácticas de recuperación de determinados tipos de clientes y estará obligada a tramitar sus solicitudes de baja en un corto periodo de tiempo que, por ejemplo, en el caso de los servicios no empaquetados no podrá superar los 15 días.
La CNMC también ha arrancado a Telefónica el compromiso de cumplir de forma íntegra los contratos que mantiene Digital Plus con otros operadores “de comunicaciones electrónicas” que distribuyen sus contenidos. Y no sólo eso, pues también deberá prorrogar esta relación durante seis meses, una vez finalicen.
Garantía de acceso a la red de Telefónica
Telefónica también deberá garantizar a sus competidores el acceso a su red a través de, al menos, tres rutas cuya congestión no debe superar el 80 %. Esto servirá para que las empresas que hacen uso de su infraestructura puedan ofrecer televisión de pago por internet con una calidad similar a esta compañía.
Telefónica no podrá intentar recuperar a determinados clientes hasta dos meses después de haberlos perdido
A este respecto, también se ha comprometido a no incurrir en técnicas de gestión de red y tráfico en España que puedan degradar de forma discriminatoria el flujo de datos que se distribuye a través de su red de internet.
En caso de que surjan conflictos derivados de éste o de otros asuntos relacionados con esta operación, las empresas afectadas tendrán la posibilidad de solicitar a la CNMC un arbitraje para su resolución, ha detallado el organismo regulador.
La obligación de compartir sus contenidos
El punto que más quebraderos de cabeza ha causado a los agentes que han trabajado en el borrador de esta operación es el relativo a la obligación de Telefónica de compartir con otros operadores sus derechos audiovisuales. Pues bien, finalmente la empresa deberá poner a disposición de sus competidores hasta el 50 % de los canales que integran su oferta premium, a un precio asumible por el resto de los operadores.
La explotación en exclusiva de los contenidos que adquiera Telefónica a sus proveedores queda limitada a dos años. Asimismo, no podrá adquirir derechos exclusivos de emisión que no vaya a explotar. Además, la entidad resultante deberá limitar a tres años la duración de sus contratos de adquisición de contenidos y renunciar a los derechos de adquisición preferente de contenidos, según la CNMC.
El precio final de esta operación será de aproximadamente 725 millones de euros. Su culminación convierte a Telefónica en el propietario del 100 % de las acciones de DTS y, a la vez, aporta a Prisa una liquidez fundamental para asegurar su futuro a corto plazo. La compañía presidida por Juan Luis Cebrián ha emitido un comunicado en el que se ha felicitado por su desenlace positivo, toda vez que "le permitirá centrarse en el negocio de la educación y la información, con especial foco en el crecimiento en América Latina".
