El conjunto de las radiotelevisiones autonómicas han costado en 2012 algo más de mil millones de euros a los españoles, una cifra de vértigo si la examinamos con todos sus ceros: 1,000.000.000 € ó 166,386.000.000 de las antiguas —o futuras, como desde hace meses se puede leer en Twitter— pesetas. Se trata de una cantidad comparable a la velocidad de la luz (1.080 millones de kilómetros por hora) o al Plan de Desarrollo Rural (1.028 millones de euros) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Pero más allá de comparaciones fáciles, esta inversión obliga, como mínimo, a plantearse la viabilidad de estos entes si tenemos en cuenta que los Gobiernos regionales se han visto forzados a meter tijera de manera drástica en partidas básicas de Educación o Sanidad. ¿Podemos permitirnos este modelo televisivo? ¿Una privatización parcial o total terminaría con el problema? ¿Son prescindibles y por lo tanto lo más sensato sería cerrarlas?
La función de las televisiones públicas parece o parecía, al menos sobre el papel, fundamental. Nacieron con el objetivo de difundir y promover la cultura, las tradiciones, las lenguas propias y la realidad social e institucional de cada comunidad. Se fundaron para dar visibilidad a lo local en un Estado que pecaba y peca de mirarse demasiado en el ombligo de Madrid y lo ‘madrileño’. Fueron clave en la consolidación del Estado autonómico. Pero la realidad, tras años de prostitución de su razón de ser, es que padecen una dependencia del Gobierno de turno que tiene su máxima expresión en unos servicios informativos cuya pluralidad y compromiso con la veracidad y la imparcialidad son cuestionados con demasiada frecuencia. Han contribuido, asimismo, a hinchar la burbuja de los derechos deportivos y han primado la emisión de contenidos cinematográficos y producciones audiovisuales extranjeras, en lugar de defender a los creadores nacionales, regionales o locales. Todo ha valido por la audiencia disparando con pólvora del rey.
Las autonomías han decidido cortar por lo sano y ajustar sus presupuestos astronómicos. En primer lugar, se ha puesto coto al dispendio en contenidos. En segundo, se está abordando el nada grato ajuste laboral en unas plantillas que en la mayoría de los casos superan a las de todas las televisiones comerciales nacionales juntas. Mediante oposiciones —lobbies sindicales y políticos que colocaron a los suyos— y fichajes millonarios por parte de los directivos, se han creado gigantes con unos pies apoyados en el barro de la ineficiencia y del café con tostadas y mermelada para todos. La reconversión de la tecnología analógica a la digital, además, ha servido para consolidar unas estructuras en las que se ha contratado y adjudicado a dedo en demasiadas ocasiones.
Las empresas del sector que luchan por hacerse con una parte del pastel de las televisiones autonómicas lo hacen bajo la promesa de jugosos contratos-programa.
Con la llegada del Partido Popular al Gobierno nacional se abrió la puerta a un proceso de privatizaciones y externalizaciones que busca un ajuste propio de la coyuntura económica de crisis. Como el actual modelo, sobre el papel, podría funcionar. Pero, desde mi punto de vista, se promueve un sistema en el que lo barato saldrá caro a los ciudadanos. Las empresas del sector que luchan por hacerse con una parte del pastel de las televisiones autonómicas lo hacen bajo la promesa de jugosos contratos-programa que los Gobiernos regionales pagarán vía subvención o como prestación de servicios. Aseguran que su coste público se reduciría a un tercio. No obstante, está por ver si las autonomías pueden pagar lo que piden y si las empresas privadas están dispuestas a explotar por ‘cuatro duros’ unas televisiones cuyos ingresos del mercado publicitario son testimoniales. Es más que probable que haya televisiones que no interesen a nadie y tengan que bajar el telón. Lo veremos.
Como ejemplo a seguir, se de buena tinta que los políticos en el poder y el sector privado se están mirando, entro otros, en el espejo de Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL), una cadena privada que al Gobierno Popular de la autonomía sale baratísima: poco más de 20 millones al año. Un chollo que parece cuadrar el círculo. Pero no se engañen, tiene truco. Sueldos que no llegan al mileurismo, una audiencia muy baja, servilismo político, gestión de dinero público opaca y problemas con la Agencia Tributaria son algunas de sus señas de identidad. Pueden comprobarlo fácilmente. ¿Es este el modelo que queremos para que la televisión sea testigo del devenir de nuestros territorios? Creo que no.
Los españoles, en mi opinión, no podemos permitirnos el actual sistema televisivo autonómico público ruinoso, pero con su privatización se corre el peligro de seguir amamantando unas televisiones que continuarían sin cumplir con las premisas que justifican su existencia. Lo más económico y razonable sería cerrarlas, pero una televisión pública es imprescindible para la democracia. Por ello, el hueco de las autonómicas podría ser cubrierto por los centros territoriales de RTVE, los cuales, desde hace años, se han infrautilizado. Las desconexiones territoriales del segundo multiplex de TDT de la cadena pública nacional permitirían contenidos en las lenguas y sensibilidades propias de cada región. Los españoles tendríamos televisiones regionales por poco más del precio que ya pagamos por la nacional. Eso sí, sería preciso que la Corporación cumpliera con las exigencias de independencia que dicta la ley, algo que dado el uso partidista en su gestión se antoja utópico o algo que se le parece...
