El nombre de José Luis Ulibarri ha dado mucho que hablar en los últimos meses, después de que se le situara como el supuesto cabecilla de la conocida como 'Operación Enredadera', de presunto amaño de contratos públicos, entre otros delitos. En Castilla y León, cuenta con un imperio mediático que confluye con el de otro constructor, Antonio Miguel Méndez Pozo, en Radiotelevisión Castilla y León, una empresa privada que percibe anualmente una millonaria subvención millonaria del Gobierno de Juan Vicente Herrera para satisfacer el "interés general" en una autonomía que no tiene una cadena pública autonómica.
Durante 2017, esta empresa recibió una inyección de 18 millones de euros por parte del Gobierno autonómico. Su dependencia del dinero público se puede apreciar al comprobar que su cifra de negocios apenas si llegó a los 2,5 millones de euros durante este ejercicio, en el que obtuvo un beneficio de 812.000 euros.
Su audiencia en ese ejercicio fue testimonial, pues alcanzó el 2,1% (1,4% CyL7 y 0,7% La 8), es decir, comparable con los canales minoritarios de la TDT. En 2018, fue prácticamente igual y el pasado diciembre fue del 2,2%.
No hay que olvidar que los dueños de este negocio son dos constructores rivales que explotan de forma conjunta una licencia de televisión autonómica. Sus nombres han estado salpicados durante su carrera por sonados casos de corrupción. En el caso de Ulibarri, los jueces determinarán en los próximos tiempos su implicación en Enredadera, después de ser relacionado con Gürtel.
El historial de los constructores
Méndez Pozo fue el primer constructor encarcelado por corrupción política en España como consecuencia de su implicación en el 'caso de la Construcción', del Ayuntamiento de Burgos. Su condena a siete años de cárcel la emitió la Audiencia Provincial de Burgos en 1992 y su ingreso en prisión se produjo en 1994, después de que el Gobierno del PSOE se negara a indultarle y el Tribunal Constitucional rechazara su recurso de amparo. La Justicia probó que el entonces alcalde del PP, José María Peña, había prevaricado de forma continuada a la hora de repartir licencias municipales y que el principal beneficiario de sus corruptelas fue Méndez Pozo, conocido ya entonces por su influencia entre los populares burgaleses.
Su estancia en la cárcel fue mucho más corta de lo esperado y a los nueve meses de su ingreso, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias le concedió el tercer grado. Sorprendido por la decisión, el portavoz de la Asociación de Promotores de la Construcción burgalesa -denunciante- afirmó entonces: "Habrán estimado que se ha curado ya de la enfermedad de la delincuencia".
Tanto Ulibarri como Méndez Pozo cuentan con productoras audiovisuales que están estrechamente relacionadas con RTVCYL, como reconocen en sus últimos informes de cuentas, depositados en el Registro Mercantil. En 2017, Promecal Audiovisuales S.L. -cuyas cuentas certifica Gregorio Méndez Ordoñez- obtuvo unos ingresos de 7 millones de euros y unos beneficios de 973.000 euros. Su principal cliente -según reconoce- fue la citada televisión privada.
Por su parte, Edigrup Producciones TV S.A., obtuvo una cifra de negocios de 8,1 millones de euros (+3,5%) y unas ganancias de 1,2 millones, que fueron similares a las del ejercicio anterior.
Dos imperios
Cabe recordar que el holding empresarial de Méndez Pozo agrupaba en 2014 -según El País- 62 sociedades, de las que 50 se dedicaban a la construcción y a la promoción inmobiliaria; y 12 a la edición de medios de comunicación. Entre estos últimos se encuentran Diario de Burgos, Diario de Ávila, Diario Palentino, El Día de Valladolid, El Día de Segovia, El Día de Soria y la Agencia ICAL.
Ulibarri (Edigrup), por su parte, controla el centenario Diario de León, así como El Correo de Burgos, Diario de Castilla y León y Diario de Valladolid. También 14 emisoras que hasta hace unos años explotaba Punto Radio.
