Es el resultado de un gráfico elaborado la con los datos extraídos de los boletines estadísticos de la Dirección General de la Guardia Civil publicados entre los años 2004 y 2015. Según estas estadísticas, el punto de inflexión se produce a partir de 2010, año en el que se implanta el sistema RAI (Régimen de Actuaciones Individuales), el cual obliga a los guardias civiles de tráfico a imponer un mínimo de sanciones, de tal manera que si los agentes no llegan a ese mínimo establecido le son detraídos de su nómina entre 150 y 200 euros.
AUGC considera esta medida una vía simplemente recaudatoria por la que se presiona a los agentes ante la amenaza que esto supone a su economía familiar. Hasta ese año, si se observan los datos desde 2004 se puede comprobar que la relación entre número de sanciones y ayudas en carretera se mantuvo en paralelo. Sólo se separaron, en favor de las ayudas en carretera, precisamente en 2010, fruto del descontento de los guardias civiles ante la falta de derechos sociolaborales, cuando el número de multas descendió de modo notable. Hay que destacar que, por el contrario, durante ese año se produjeron más ayudas en carretera que nunca.
Sin embargo, en 2011 las dos líneas dejan de seguir un recorrido más o menos parejo. Así, mientras que el número de sanciones crece cada vez más, el de auxilios a los conductores se reduce drásticamente. De esta manera, a partir de 2014 se produce la mayor distancia entre ambos datos: mientras que las multas alcanzan una cota cercana a las 135.000 multas, las ayudas en carretera caen a poco más de 15.000. Cabe recordar que sólo tres años antes, en 2010, las ayudas habían rondado la cifra de 120.000, mientras que las sanciones apenas llegaban a 95.000.
A la vista de estos datos, desde AUGC no sólo lamentamos el evidente afán recaudatorio con el que actúa desde hace años la Dirección General, y que incide también en la caída del número de ayudas a los conductores, sino que también nos hace plantearnos si detrás de estas medidas no estará también la búsqueda del desprestigio de los propios agentes, los mismos que han logrado que la Guardia Civil sea la institución más valorada por los españoles.
Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
