La llegada del coche eléctrico de forma más o menos masiva al mercado español no va a ser tan fácil como se podría esperar en los primeros momentos, con muchos problemas todavía por resolver que afectan desde la propia comercialización con precios aún muy elevados a, sobre todo, las infraestructuras de recarga necesarias para poder dar servicio a una flota de muchos miles de coches. Pero además, va a ser un proceso que afecte a la propia industria española de automoción, que deberá adaptarse y reinventarse para poder seguir siendo competitiva a nivel global y mantener los niveles de producción que la han llevado a mantenerse desde hace años en el top ten de los mayores productores mundiales.
Y es que la implantación del vehículo eléctrico podría suponer en 2025 la pérdida de hasta 40.000 empleos tanto directos como indirectos y un 1,2% del PIB, según un artículo publicado en la revista Economía Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por el experto de la entidad financiera suiza UBS Roberto Scholtes Ruiz. Sin duda, una pérdida de peso en el PIB nacional en el que representa actualmente el 10%.
El autor asegura que la llegada del vehículo eléctrico en 2025 supondrá para los fabricantes de vehículos que operan en España la pérdida de casi un 3% en la aportación de valor en la cadena de producción, lo que conllevaría una caída de entre el 12% y el 15% en términos absolutos y la pérdida de 40.000 puestos de trabajo.
A escala macroeconómica el impacto agregado sobre el PIB podría rondar 1,2% en un plazo de siete años, inicialmente inapreciable durante los primeros años, pero que alcanzará tres décimas anuales hacia el final del periodo, pronostica Scholtes Ruiz en dicho análisis.
Importar baterías
El superávit comercial del sector, que en la actualidad supone casi 10.000 millones de euros o el 0,8% del PIB en 2017 según datos recogidos por Anfac y Sernauto, podría descender tres cuartas partes hasta 2025 por la necesidad de importar las baterías y componentes electrónicos, además de por la pérdida de cuota de los vehículos de producción nacional en las ventas totales en España.
El informe añade que la reducción de importaciones de petróleo por menor consumo de combustibles para el transporte apenas compensaría el 10% del deterioro de la balanza comercial automovilística, mientras que la producción industrial podría reducirse cerca de dos puntos y el sector se vería obligado a una concentración y reconversión cuyas consecuencias alterarían el tejido productivo a escala local, regional y nacional. El impacto sobre la recaudación sería también negativo tanto por menores ingresos del IVA, del impuesto de matriculación y por el menor consumo de carburantes.
Pero no sólo afectará a la industria en general y la recaudación que genera, sino también tendrá impacto en el negocio de los talleres y concesionarios, ya que, con menos partes móviles y sometidas a menos desgaste, menor necesidad de líquidos y lubricantes y con revisiones e inspecciones más sencillas, esta área podría registrar una caída de la facturación de hasta el 60%.
Para el autor del informe del que se hace eco el propio Ministerio de Industria hay además un riesgo de que España y Europa hayan perdido ya la oportunidad para encabezar la revolución del coche eléctrico, que recae en el mercado asiático, y aunque califica de caso de éxito lo vivido por el sector automovilístico español en las últimas décadas, este se enfrenta a un cambio sin precedentes por su intensidad y velocidad en comparación con los cambios y la evolución que ha supuesto hasta nuestros días el coche de combustión, en un proceso mucho más progresivo y pausado que el que está generando la llegada de la movilidad eléctrica.
Para poder subirse al carro del coche eléctrico con plenas garantías, las soluciones pasan por una producción doméstica de las baterías, del motor y del resto del sistema de propulsión, así como en la "integración vertical" con los grandes grupos asiáticos. Será fundamental un gran cambio en la mentalidad de las plantillas, que deberán ser cualificadas, competitivas y flexibles, y un gran programa de incentivos fiscales que animen a las empresas a elegir España como el país idóneo dentro de Europa.
