Europa mira hacia la descarbonización del automóvil, pero lo hace sin prohibiciones ni fechas límite para que el coche de combustión caiga en el olvido. Porque las distintas iniciativas en España para vetar la venta o circulación de vehículos con emisiones de CO2 directas como la Ley de Cambio Climático en Baleares -que prohíbe la circulación de vehículos diésel a partir de 2025 y de gasolina a partir de 2035-, dibujan un panorama para el sector de la automoción inédito en Europa.
Aunque sus promotores argumentan que estos objetivos se alinean con la línea más prudente de los países europeos, que están aprobando incluso plazos más cortos para esta prohibición, ningún ordenamiento jurídico en Europa ha aprobado una limitación similar en ninguna norma con rango de ley o vinculante.
Es cierto que varios países europeos han anunciado medidas para llegar a un parque automovilístico de cero emisiones, pero el fondo y la forma difieren en puntos fundamentales, sobre todo respecto a las prohibiciones que presenta la ley de Baleares. Pocos países han tomado verdaderamente medidas legislativas con respecto a los programas de incentivos o la finalización de las ventas de vehículos de combustión interna. Además, en todos los casos, la acción legislativa aprobada no es vinculante, sino que las restricciones se articulan a través de documentos estratégicos que señalan objetivos.
Lo que sí se han establecido en varios países europeos son limitaciones a la circulación de vehículos de diésel o gasolina en zonas denominadas “de bajas emisiones” en entornos urbanos en función, en varios de los casos, de un etiquetado ambiental que discrimina a los automóviles por su potencial contaminador, que depende, fundamentalmente, de su antigüedad. Además, en todos los casos, las medidas de restricción vienen acompañadas de grandes presupuestos orientados a la descarbonización, desde ayudas directas a la renovación del parque (con vehículos incluso de combustión) o a la adquisición de vehículos cero emisiones, hasta el impulso a la instalación de infraestructuras.
Desde la patronal Anfac creen que los fabricantes comparten plenamente el objetivo de descarbonización del parque y están haciendo esfuerzos multimillonarios para ampliar sus flotas de vehículos con cero y bajas emisiones, pero no apoyan medidas basadas en la prohibición y contrarias al principio de la neutralidad tecnológica, principio que refrenda Europa con sus medidas.
Alemania
Alemania ha desarrollado un plan de Fomento de la Movilidad Eléctrica, con un presupuesto comprometido de 3.200 millones de euros. Este plan incluye 1.200 millones de euros en subvenciones de hasta 3.000 euros por vehículo en caso de la compra de un híbrido y de hasta 4.000 euros si se trata de un eléctrico. Crea un fondo de 300 millones de euros para la instalación de infraestructuras de recarga y dedica 2.200 millones a potenciar la investigación en movilidad eléctrica. Berlín, Hamburgo y Stuttgart tienen marcos regulatorios para el establecimiento de zonas de bajas emisiones, cuyas restricciones están basadas en un etiquetado medioambiental.
Francia
La Ley de Ordenación de la Movilidad enfoca la mejora de la movilidad desde un punto de vista amplio, abarcando no solo el vehículo privado sino también la mejora de infraestructuras ferroviarias o las carreteras. Estos objetivos llevan aparejados unos instrumentos de acompañamiento que incluyen incentivos a la renovación del parque con vehículos eléctricos o combustión con emisiones menores a 130 gr CO2/km, ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos y medidas de modernización de las redes. Incluye una partida para el desarrollo de una movilidad limpia y compartida. Además, promueve la implementación de planes de calidad del aire en los municipios. El presupuesto total comprometido asciende a 20.700 millones de euros. París, Grenoble o Estrasburgo ya tienen zonas de bajas emisiones delimitadas a partir de un etiquetado medioambiental en función del potencial contaminador.
Países Bajos y Holanda
Ambos países coinciden en la necesidad de descarbonizar el transporte pero también la generación de energía. Holanda apunta a eliminar el carbón y el gas del mix energético y que el 100% de los vehículos nuevos sean cero emisiones en 2035. Dinamarca apunta a que el suministro de energía para el transporte provenga de fuentes renovables en 2050, lo que implica que el sector tendrá que afrontar una transición ecológica en los próximos años. Se han dotado en ambos casos de ayudas fiscales a la compra de vehículos cero y bajas emisiones.
Reino Unido
Aunque la prensa en Reino Unido habla de una prohibición de los vehículos de combustión en 2040, la estrategia bautizada como 'Road to Zero' no tiene rango de Ley. Establece el objetivo de que todos los coches y furgonetas nuevas en 2040 sean cero emisiones y que todo el parque esté descarbonizado en 2050. No prohíbe tecnologías en particular. Pero, además, una de las principales metas de esta estrategia es mantener a la industria automovilística británica como líder en el diseño y la fabricación de vehículos cero emisiones. Para ello, cuenta con un presupuesto de 2.700 millones de libras para la descarbonización del transporte, de los que 1.500 millones están directamente dedicados a ayudas a la compra de vehículo cero emisiones y despliegue de infraestructuras, así como a la financiación de proyectos industriales y de I+D.
