Decía Voltaire que “quien perdona el crimen se hace su cómplice”. De esa misma opinión, cargada de escepticismo en lo que concierne a los efectos benéficos del perdón, era su colega Rousseau, que dejó escrito: “Conozco demasiado a los hombres para ignorar que con frecuencia el ofendido perdona, pero que el ofensor no perdona jamás”. Estas dos frases de los padres espirituales de la revolución francesa podrían muy bien ser utilizadas como resumen de ese formidable despropósito que es la Ley de Amnistía, cuyo penúltimo capítulo se desarrolla este martes en el Congreso de los Diputados.

Estoy bastante de acuerdo con Rousseau, pero menos con Voltaire. El perdón, cuando se aplica a cambio de una sincera retractación, puede ser un instrumento de enorme utilidad. Pero sólo en ese caso. No lo es de ningún modo cuando el que perdona lo hace por mera conveniencia, y no por convicción. Menos aún si el agraciado desprecia la generosidad del benefactor y proclama con insultante arrogancia su voluntad de reincidir. Entonces sí; entonces se convierte en cómplice del crimen quien perdona estando avisado de que la indulgencia no es que no tenga contrapartida alguna, sino que se desdeña como método de reconciliación.

No es que este proyecto confirme que no somos iguales ante la ley; es que lo que se quiere es eximir a un grupo de presuntos delincuentes del cumplimiento de la ley

¿Que cuál es el crimen? No es pequeño. Artículo 139 de la Constitución Española: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”. Ya el encabezado del proyecto de ley orgánica nos anuncia la búsqueda de un interés de parte: “…para la normalización institucional, política y social en Cataluña”. Poco parecen importar a los promotores de la norma las consecuencias de tal “normalización” en el resto de España. Lo que se nos viene a decir es que para que en Cataluña algunos estén mejor los demás habremos de aceptar estar peor, en tanto que hemos de asumir que nuestros derechos sean inferiores a aquellos suplementarios con los que se retribuyen 7 míseros votos del independentismo catalán.

Y es que ya no es que este proyecto de ley confirme que no somos iguales ante la ley; es que lo que se quiere, antes o después, es eximir a un grupo de presuntos delincuentes, mediante un texto visado por ellos mismos, del cumplimiento de la ley. Y lo terrible, lo que hiela la sangre no es que una minoría exija de nuevo el quebrantamiento de la Constitución, degrade al conjunto de los españoles e insulte gravemente a miembros de la Judicatura; lo terrible es que esta desmesurada y antidemocrática inmoralidad la consienta y ampare el Gobierno (de izquierdas) de la Nación.

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