El 11 de enero de 2016 será recordado por Cristina de Borbón y Grecia como uno de los días más amargos de su vida. En esa fecha, ella, Infanta de España, hija de Reyes, hermana de Rey y miembro de la Familia Real pasó casi doce horas sentada en el banquillo de los acusados. Lo hizo con semblante serio pero firme. Su rostro era la imagen de una persona hundida. No hizo apenas movimientos en los 720 minutos que aproximadamente pasó sentada frente al tribunal.
Apenas intercambió alguna que otra palabra con su esposo, Iñaki Urdangarin, sentado en el mismo banquillo, tan sólo a tres asientos de distancia respecto a ella. Tampoco se relacionó con el resto de acusados. Ni fue a la calle siquiera a almorzar cuando el resto del banquillo sí lo hizo. La Infanta prefirió permanecer en una sala habilitada para las defensas en la tercera planta de la Escuela Balear de Administración Pública. Allí estuvo durante hora y media con su esposo, con la persona que la ha conducido al banquillo.
Sin embargo, desde el punto de vista judicial, que no personal, la Infanta debería estar contenta. La mayoría de los acusados cuentan con la sola defensa de sus abogados pero, en su caso, tanto el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, como la abogada del Estado, Dolores Ripoll, ven tan claro que ella no cometió ningún fraude fiscal que, si los asistentes a la sala de vista hubiesen cerrado sus ojos, les habría costado diferenciar quién de los tres estaba haciendo uso de su turno de palabra.
La infanta apenas intercambió alguna que otra palabra con su esposo Inaki Urdangarín sentado en el mismo banquillo de los acusados
Además, las intervenciones de su letrado Jesús María Silva, de Horrach y de Ripoll fueron muy potentes: aportaron jurisprudencia, invocaron a grandes penalistas y defendieron por activa y por pasiva que el juez Castro dio un argumento penalmente flojo cuando se justificó con la premisa de que 'Hacienda somos todos' la continuación del procedimiento penal contra la hermana del Rey.
La Audiencia de Palma debe adoptar ahora una decisión difícil: mantener en el juicio a una persona acusada de ser cooperadora necesaria de dos delitos fiscales pese a que el propio perjudicado de ese delito, la Agencia Tributaria, no la acusa; o, poner en un brete una figura reconocida por la Constitución en su artículo 125 como es la acusación popular. La falta de legitimación del sindicato Manos Limpias para sentar en el banquillo a la hermana del Rey ha sido, sin duda, el plato fuerte de las cuestiones previas del juicio del caso Nóos.
Fallen lo que fallen, esa decisión será previsiblemente recurrida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, por ende, revisada por el más alto órgano jurisdiccional de España. Manos Limpias señaló este lunes que si la Infanta no va a juicio perderá el derecho a defenderse "por lo que quedaría estigmatizada socialmente". Pero más allá del estigma social Cristina de Borbón y Grecia perdería así la oportunidad de obtener el perdón de los españoles ya que éstos no podrán escuchar de su propia voz los argumentos de su inocencia.
