Quizá fuera debido a los efluvios que emana la campaña electoral, pero el caso es que el viernes el ministro de Economía Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, realizó unas declaraciones impropias de un ministro de Economía que se supone pertenece a un partido que hace del liberalismo bandera. Abengoa, dijo, "es viable, debemos hacer un esfuerzo para que esta empresa que es puntera mejore. El Gobierno, en colaboración con la Junta de Andalucía continuará cooperando y teniendo participación con los agentes privados".
Ahora no se trata de salvar a Abengoa, sino de salvar a España de Abengoa. El rescate de la banca española debiera haber sido el último sacrificio impuesto a los españoles en la peor crisis económica de la democracia. Abengoa es una empresa privada, no pública, y la solución a la crisis de Abengoa debe estar en el mercado, no en lo público. El Estado, a través del ICO, Cofides, y Cesce, acumulan una exposición en la multinacional energética de 415 millones de euros; la de los bancos españoles se cuenta por miles de millones. El papel del Gobierno debe ser asegurar que la empresa devuelva esas cantidades a los organismos públicos.
Si, como dice Guindos, Abengoa es viable, no debería ser muy complicado encontrar un socio industrial que aproveche la ocasión para tomar las riendas del grupo y mantener su negocio y la plantilla. Que el grupo español Gestamp, uno de los líderes mundiales en componentes de automoción, haya desechado la posibilidad de invertir en la empresa tras anunciar su propósito de inyectar 350 millones de euros, no da mucha confianza.
Abengoa, es cierto, es una gran compañía. Muchas de las plantas solares, eólicas, y otros activos levantados por la empresa en medio mundo generan ingresos millonarios y energía limpia de la que se abastecen cientos de miles de personas. Emplea en total a más de 20.000 personas, 6.000 de ellas en España, unas 4.000 en Andalucía, y factura al año más de 7.000 millones.
Pero también ha incurrido en un nivel de deuda insostenible que nadie a ciencia cierta parece saber cuantificar, ¿9.000, 20.000, 27.000 millones? Hasta Luis de Guindos el viernes comentó: "Lo importante es que conozcamos cómo está la empresa en la actualidad, su situación real". ¿No sabe el ministro cuál es la situación real de una empresa auditada por Deloitte –¡Deloitte! ¿dónde estabas? diste la voz de alarma cuando las llamas ya lo devoraban todo–; ¿no conoce el ministro las cuentas reales de una compañía que cotiza en Bolsa, que informa sobre sus resultados cada trimestre, y que ha recibido fondos públicos millonarios? Ese desconocimiento, ¿no debiera ser ya razón suficiente para empezar a levantar cortafuegos?
Que los responsables políticos digan que hay que salvar Abengoa, cuyo presidente, Felipe Benjumea, fue cesado el pasado mes de septiembre con una indemnización de 11,5 millones, y cuyos consejos de administración y de asesores han estado plagados de expolíticos o familiares de, suena a demagogia navideña.
