Desde hace tiempo vengo sosteniendo y denunciando (con datos objetivos y no meros juicios de valor) que Ciudadanos es un placebo lanzado por el establishment para saciar el hambre de cambio sin que nada realmente cambie. Difícilmente puede servir para regenerar la vida política española un partido que se expandió por España mediante la incorporación de políticos de partidos localistas y regionalistas de dudosa trayectoria (algunos directamente implicados en tramas de corrupción) o fomentando el transfuguismo, como hizo de forma indiscriminada con muchos de los cargos públicos de UPyD a los cuales pagó en especie su traición mediante puestos en listas y contrataciones. Todo ello está documentado aunque pocos medios han querido dar a estos sucesos la repercusión que merecen.
A mí personalmente me causaba también sorpresa que un partido que en su década larga de existencia no había movido un dedo contra la corrupción política (especialmente en Cataluña, de donde son originarios) se convirtiera de la noche a la mañana en adalid de lucha contra dicha lacra, máxime cuando la experiencia nos ha demostrado que combatir la corrupción política no da muchos votos y sin embargo genera muchos enemigos y muy poderosos. Como dijo no sé quién, “los amigos vienen y van, los enemigos se acumulan”. Sobre todo si tienes principios y cometes la temeridad de tomártelos en serio, lo cual –no se preocupen- no es caso de Ciudadanos.
A Ciudadanos le gusta jugar el rol de campeón contra la corrupción, pero sin pisar ningún callo
Estos últimos días estamos asistiendo a la confirmación de que a Ciudadanos le gusta jugar el rol de campeón contra la corrupción, pero sin pisar ningún callo, lo cual es como hacer una tortilla sin romper los huevos. Prueba de ellos es el flamante pacto anticorrupción suscrito con el PP, si es que puede recibir tal nombre las seis medidas que ambos partidos plasmaron en dos folios, que si destacan por algo es por su imprecisión y ambigüedad. Eso sin contar que algunas medidas no dependen de ellos (requerirían de una reforma constitucional, como la supresión total de los aforamientos) y otras (como la Comisión de Investigación por ejemplo) podría acordarse sin necesidad de pactar nada con el PP (en este asunto sin duda en minoría en la Cámara), con lo que en realidad está beneficiando al partido que supuestamente será el objeto de tal investigación en sede parlamentaria.
Dijeron que tales medidas se irían desarrollando, pero lo cierto es que según van acotando y aclarando los distintos puntos la cosa no hace sino empeorar. Así, nos hemos venido a enterar de que no cabe considerar como corrupción política ni los delitos de prevaricación ni la malversación de caudales públicos.
Tan sorprendente acotación del concepto de corrupción política, consensuada entre PP y Ciudadanos, busca justificar la no suspensión de su cargo del diputado popular Oscar Clavell, actualmente investigado por prevaricación, malversación y fraude. El argumento utilizado al alimón es que no se aprecia “enriquecimiento personal o financiación ilegal”, que en todo caso deberían concurrir para poder justificar la “separación” o “suspensión” (concepto no determinado) del cargo público.
El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, trató de justificar su criterio diciendo que “no es lo mismo meter la pata que la mano en la caja”, que reconozco que es la frase que me ha acabado de romper. Y ello porque “meter la pata” supone defender que tales delitos se cometieron de forma involuntaria, por un mero error, cuando la realidad es que, según el Código Penal “comete prevaricación la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”.
Resulta también ridículo pretender reducir la corrupción política a la financiación ilegal, pues hay múltiples delitos que sirven de instrumento a dicha lacra
El Sr. Villegas, que supuestamente es Licenciado en Derecho, debería saber también que la malversación de caudales públicos es un delito doloso, esto es, que no puede cometerse de forma imprudente (por una “metedura de pata”) y que, además, presupone siempre un ánimo de lucro, por lo que resulta absurdo que pretenda excluir dicho delito si no concurre el referido “enriquecimiento injusto”. Es una parte consustancial del delito, en la medida en que la malversación de caudales públicos sanciona a la autoridad o funcionario público que con ánimo de lucro sustrajere (para sí o para otro) los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones.
Resulta también ridículo pretender reducir la corrupción política a la financiación ilegal, pues hay múltiples delitos que sirven de instrumento a dicha lacra, como por ejemplo el cohecho, el tráfico de influencias, los fraudes, las falsedades documentales, el blanqueo de capitales, los delitos contra la Hacienda Pública. ¿Se aplican sus medidas “anti-corrupción” a dichos delitos o depende de que haya también algún investigado del PP por ellos?
Mucho me temo que las siguientes semanas nos seguirán bombardeando con esta campaña de promoción del susodicho pacto, del cual nos adelantan que incluso va a servir para exigir al PP la celebración de primarias, lo cual me parecería ciertamente loable si quien lo hiciera tuviera establecido un verdadero sistema digno de tal nombre y no uno de primarias a conveniencia (si conviene las hago y sino pues designo a dedo al candidato).
Ojala que este tiempo político de incertidumbre sea el preludio de la ansiada regeneración, pero lo cierto es que por ahora lo único que veo es que, tanto viejos como nuevos, nos siguen tomando por idiotas.
