En tiempos en los que el sector audiovisual se ha transformado en un negocio global, en España se sigue concibiendo la televisión pública como un arma al servicio de los intereses de unos pocos: desde el Gobierno hasta las facciones sindicales de una u otra ideología que medran o retroceden en el organigrama de esta empresa pública según quien habite el Palacio de la Moncloa. Mientras gigantes como la BBC se baten contra sus rivales con una estructura acorazada y un rumbo más o menos claro, Radiotelevisión Española trata de sobrevivir, con su maltrecho casco de madera, a la voracidad de sus nuevos competidores y a la acción de quienes intentan canibalizarla en su propio beneficio.
Dos informes elaborados recientemente por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han dejado al descubierto las vergüenzas de la televisión pública. El documento hecho público en agosto por el súper-regulador critica abiertamente su sistema de financiación, puesto que considera que no dota a la corporación de la estabilidad suficiente como para planificar su actividad más allá del corto plazo.
El estudio realizado por la SEPI también denuncia la ineficacia de un modelo económico que durante los últimos años -en los que el Gobierno ha reducido considerablemente su aportación a la pública- ha lastrado a RTVE y le ha impedido competir con unas mínimas garantías con las televisiones privadas. Pero este trabajo va más allá, puesto que también pone el foco sobre una incómoda enfermedad que vive la corporación que, pese a que le ha provocado una gangrena indisimulable, nadie se ha atrevido a atajar: su enorme dimensión.
Una estructura mastodóntica
Radiotelevisión Española emplea actualmente a 6.400 trabajadores. Es decir, al triple que la suma de las plantillas de Atresmedia y Mediaset. Esto le genera unos costes anuales de 380 millones de euros, que equivalen a algo más de la tercera parte de su presupuesto.
La ley que regula el funcionamiento de la corporación, aprobada con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa, contemplaba que RTVE debía tener a su disposición (y, a la vez, como techo de gasto) un total de 1.200 millones de euros anuales para poder cumplir con el servicio público que tiene asignado y competir en igualdad de condiciones con las cadenas privadas. El problema es que, con la llegada de la crisis económica, esa cantidad se redujo aproximadamente un 25%, pero sus gastos fijos no descendieron.
La principal afectada por estas estrecheces ha sido parrilla de programación, cada vez más barata y menos atractiva. Eso ha espantado a una gran parte de la audiencia, que ha huido en desbandada.
Radiotelevisión Española emplea actualmente a 6.400 trabajadores. Es decir, al triple que la suma de las plantillas de Atresmedia y Mediaset. Esto le genera unos costes anuales de 380 millones de euros.
La SEPI no lo dice abiertamente en su informe (cuyas conclusiones fueron filtradas a la prensa con una clara intencionalidad política), pero lo sugiere: para que RTVE pueda sobrevivir en esta situación, es fundamental que reduzca su mastodóntica estructura. Eso conllevaría la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al que los sindicatos de la corporación reaccionarían de una forma furibunda. Con el coste político que eso supondría.
Algunas televisiones públicas de referencia mundial han tomado recientemente medidas similares con el objetivo de seguir siendo competitivas en el sector en el que desarrollan su actividad. De hecho, la propia BBC anunció en julio de 2015 un total de 1.000 despidos que estuvieron motivados por el cambio de tendencia que en los últimos años han experimentado los consumidores, que cada vez ven menos programas en su televisor, en detrimento de los dispositivos móviles y del ordenador.
Durante la primera parte de 'la legislatura de Rajoy', fueron varios medios de comunicación los que se hicieron eco del deseo del Ministerio de Hacienda de ejecutar este recorte laboral en RTVE. Dramático, pero necesario. Sin embargo, desde Vicepresidencia finalmente se optó por no aplicarlo por el coste político que podría suponer el que La 1 se fuera a negro por las protestas que con toda seguridad efectuarían los afectados. En lugar de un ERE, se aplicó un tibio plan de ahorro y eficiencia que ha conseguido reducir el volumen de gasto -a costa de sacrificar la audiencia-, pero que no ha logrado aminorar los costes laborales.
Batallas cainitas y dedazos
En mitad de estas dificultades presupuestarias, la casa sigue patas arriba, con un presidente, José Antonio Sánchez, que todo el mundo espera que caiga cuando se forme Gobierno, con un Consejo de Administración del que varios de sus miembros debieron salir hace muchos meses por tener el mandato caducado; y con una Junta Directiva de la que han sido descabezados en los últimos tiempos algunos de sus miembros como consecuencia de rivalidades que, en algunos casos, se crearon y potenciaron desde los cuarteles generales de los partidos políticos.
Esta semana, el Consejo de Informativos de TVE exigía la dimisión del director del centro territorial de RTVE en Murcia, Juan de Dios Martínez, después de que se filtraran unas grabaciones en las que supuestamente reconocía su capacidad para controlar y manipular la información que se emite en los noticiarios de esa comunidad autónoma.
El director de RTVE Murcia reconoció en unas grabaciones filtradas recientemente su capacidad para controlar y manipular la información que se emite en los noticiarios de esta comunidad autónoma
En las próximas fechas, el exnúmero 2 de TVE, Ignacio Gómez-Acebo interpondrá una demanda contra la corporación por el acoso laboral que denuncia haber sufrido en la empresa desde que fue destituido de su cargo, en marzo de 2015. Fuentes internas inciden en que su cese se produjo tras expresar su malestar ante el presidente y ante el director de informativos, José Antonio Álvarez Gundín, por la contratación en 2015 de los miembros de la conocida "redacción paralela" de Torrespaña, conformada por extrabajadores de Intereconomía y Telemadrid, entre otros medios conservadores.
Su jefe entonces, José Ramón Díez (exdirector de TVE) no había manifestado ninguna queja sobre su trabajo, pero, en medio del conflicto interno desatado entre los directivos conservadores y los moderados, Gómez-Acebo cayó. El pasado febrero, José Ramón Díez (moderado), presentó su dimisión tras varios meses de desencuentros con Sánchez.
Nuevos tiempos, mismos males
La televisión pública que da empleo a 6.400 trabajadores anunciará en septiembre la contratación para dirigir La noche en 24 horas de un periodista que no forma parte de su plantilla. Es Víctor Arribas, quien fue uno de los hombres de confianza de José Antonio Sánchez en Telemadrid, dentro de unas etapas en los que sus informativos recibieron más denuncias por su sesgo pro Partido Popular.
Mientras tanto, la falta de estudios de grabación en Prado del Rey, ocasionada por la nefasta gestión que se ha realizado de los problemas de amianto que padecían, obligará a elaborar una buena parte de la parrilla de programación de La 1 con programas "llave en mano", que se comprarán a productoras que, en su factura, incluirán un beneficio industrial que la pública se hubiera ahorrado si hubiera sido capaz de producir esos espacios en sus propias instalaciones.
En la pasada campaña electoral, Mariano Rajoy expresó su intención de convertir RTVE en un medio de comunicación similar a la BBC. Está claro que con el nuevo reparto de poder en el Congreso de los Diputados resultará más complicado que nunca el que un solo partido político se haga con el control de los órganos de dirección de TVE, como ha ocurrido durante las últimas décadas. Ahora bien, está por ver si el próximo Ejecutivo tiene la valentía suficiente para asumir el coste político que provocará la corrección de los problemas que en los últimos años han agrietado la estructura de la televisión pública, que amenaza con venirse abajo.
